Se inicia una semana conflictiva para el Gobierno. Tiene 72 horas, hasta el miércoles, para abrogar la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, de no prosperar el jueves se ingresará a paro general con el cierre de fronteras. El Ejecutivo central advirtió con recurrir a todo medio para contrarrestar la movilización ciudadana, por considerarla que es impulsada por grupos de poder y operadores políticos.
El anuncio de retirar el proyecto de Ley 218 no conformó a diferentes sectores, entre ellos los gremiales y transportistas, que sostienen que la “norma madre (1386)”, vigente desde agosto pasado, operará a través de decretos reglamentarios, resoluciones, entre otros, para atentar contra los intereses de los ciudadanos, pese a que las autoridades sostengan que todo ya está normado.
El ejecutivo de los gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, señaló que las movilizaciones, que se iniciaron con el paro de 24 horas de los cívicos, fueron por el retiro de la 218 y la Ley 1386.
“Dicen que todo está regulado, que ya se aplica, por qué, entonces, mantener esta norma. Se apoyó en su momento, pero no permitiremos que nos quiten el fruto de nuestro esfuerzo”, dijo.
Aclaró que en la primera medida solo participaron unos 10 mil gremialistas (hablamos de vivanderos, trabajadores por cuenta propia, comerciantes), pero que el sector aglutina a más de dos millones de personas que están alertas.
En ese contexto, la resolución del ampliado refiere que “el jueves 21 de octubre se aprueba la declaratoria de paro general con suspensión de actividades, cierre de fronteras, en forma conjunta con las organizaciones del autotransporte pesado internacional, comités cívicos y demás organizaciones”.
Otros sectores
En tanto, esta semana otros sectores que observan la normativa emitida por el Gobierno definirán su posición, entre ellos se encuentran los cooperativistas.
Los dirigentes de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) señalaron que el sector se encuentra en emergencia.
Tenemos un regimiento
Ante el anuncio de las medidas, autoridades gubernamentales salieron al paso para descalificar el movimiento ciudadano, porque estaría promovido por grupos de poder y políticos, y dijeron que recurrirán a todo para evitar que se paralice el país.
“Queremos decirles de manera franca y categórica: como Movimiento al Socialismo, como gobierno de la revolución democrática y cultural, somos un fuerte regimiento en el país, estamos en el gobierno nacional, en los gobiernos departamentales, estamos en nuestras organizaciones sociales y queremos decirles que como gobierno nacional vamos a ser muy firmes. En el marco del Estado de derecho vamos a evitar por todos los medios que nuestro país sea azotado, paralizado y víctima de la destrucción económica de estos grupos de poder”, sostuvo Edmundo Novillo, ministro de Defensa, en medios oficiales.
Novillo agregó que “el problema no fue la ley (proyecto) sino una acción conspirativa que busca desestabilizar al Gobierno y dañar al pueblo a través de engaños porque los intereses económicos de esos grupos opositores se veían en peligro”.
CONVOCATORIA AL DIÁLOGO
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó al diálogo a sectores que activaron un estado de alerta en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
“Sectores como gremiales y transportistas piden la abrogación de la Ley 1386 con medidas de presión, lo correcto es dialogar para tratar este tema, y evaluar las propuestas y observaciones que tienen. Esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el Estado de derecho, no es violentando la actividad económica de la población, más aún cuando estamos en pleno proceso de reconstrucción de la economía boliviana “, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
Acotó que un día de paro atenta contra la economía de la gente más humilde.
Tomado de Los Tiempos
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