Arturo Murillo Prijic se presentará en audiencia el jueves 20 de octubre para declararse culpable ante la justicia estadounidense por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, según informó la agencia ABI.
El exministro está identificado como el preso número 02358-506 del Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos,
La Procuraduría General del Estado informó previamente que, el próximo jueves, Murillo asumirá su culpabilidad por ambos delitos que están vinculados al caso de la compra de material antidisturbios durante su gestión a una empresa norteamericana.
El procurador Wilfredo Chávez explicó, el pasado 6 de octubre, que, con esa decisión, Murillo no se someterá a un juicio con jurados, en el distrito judicial del sur de la Florida, y que podría recibir una sentencia de seis años de cárcel.
La justicia de Estados Unidos ya dictó sentencia contra los otros involucrados; Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, además de Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, que se declararon culpables en Florida y detenidos en EEUU el 21 y 22 de mayo en los estados de Florida y Georgia.
Lichtenfeld fue sentenciado a 26 meses de prisión, multa de 75.000 dólares y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Los Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos, y condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario. Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado 602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones de dólares para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Durante la presidencia de Áñez, se desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición. En ese marco, el daño económico al Estado es de $us 2,3 millones.
Detenido en la prisión federal de Miami desde mayo de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos acusó a Murillo de lavado de dinero y recibir sobornos, tras establecerse que el exministro de Áñez utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.
Red Uno
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