El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, reveló a EL DEBER que la investigación contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, también pone en la mira su trayectoria laboral en empresas subsidiarias de la estatal petrolera.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
De acuerdo con la autoridad, el investigado trabajó inicialmente en YPFB Corporación y posteriormente ocupó el cargo de jefe de Ingeniería en YPFB Chaco.
«Hay que precisar que, después de haber cesado como funcionario público, él mismo habría operado inclusive en un piso de YPFB tomando decisiones en relación a YPFB, pero sin ser funcionario de YPFB. Es decir, esta persona habría montado una estructura para direccionar ciertos procesos de contratación a través de funcionarios públicos que tienen ahora que ser convocados. Lo que nosotros queremos es que se descubra la verdad», apuntó la autoridad.
Según el viceministro, existen indicios de que habría tomado decisiones y participado en procesos internos desde instalaciones de la estatal petrolera.
Asimismo, un análisis realizado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) determinó que sus ingresos no justificaban los movimientos económicos detectados.
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“Lo que hizo la UIF es ver su perfil económico. Si con los sueldos que tenía, podía o no generar estas transacciones. El resultado fue que no. Injustificadas, por lo que se genera la alerta”, explicó García.
Durante la aprehensión, además, se secuestraron bienes con el logo de YPFB, así como equipos y documentación que serán analizados para establecer vínculos directos e indirectos en el caso.
Investigación a Marcelo Arce
Según el viceministro, la investigación no se limita a una sola persona. García confirmó que el proceso involucra al menos a cuatro implicados y podría ampliarse. Entre ellos figura un hermano del investigado, que ya cuenta con declaratoria de rebeldía en otro caso vinculado a la adquisición de bienes de alto valor.
Asimismo, el viceministro advirtió que si se comprueba la participación de funcionarios activos en YPFB, estos podrían ser procesados, debido al riesgo de obstaculización en la investigación.
«Si existen personas que son o han sido parte de esta estructura y están trabajando todavía en YPFB, evidentemente pueden tener un derecho laboral, sí. Pero el hecho de estar trabajando en YPFB hace que ellos puedan estar en contacto con las pruebas, con el cuerpo del delito, con la materia investigativa, por lo que, la probabilidad de obstaculización en estos casos sería mucho mayor», advirtió García.
En cuanto a los delitos, precisó que la legitimación de ganancias ilícitas es la base del proceso, aunque no se descarta la incorporación de otros cargos como enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias o daño económico al Estado, conforme se establezcan los vínculos con la función pública.
“No puede haber impunidad ni privilegios en contra o a favor de nadie”, enfatizó García, al señalar que la investigación continuará ampliándose con la recopilación de nuevas pruebas y declaraciones.
El Deber
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