AHORADIGITAL.- El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, calificó de fundamental la reciente inspección ocular realizada por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos en la reserva de Tariquía. Según el jurista, la diligencia permitió constatar in situ que la actividad petrolera amenaza directamente la principal fuente de humedad y recarga hídrica que abastece al Valle Central de Tarija, enfatizando que la lucha no busca frenar el desarrollo económico del país, sino proteger el ciclo del agua, advirtiendo que la destrucción de este ecosistema pondría en riesgo la supervivencia y la capacidad de riego de toda la región.
Durante el operativo, se denunciaron tácticas de la empresa petrolera para frustrar la labor judicial mediante el agotamiento físico de la comitiva. El jurista relató que se intentó desviar a los técnicos hacia cerros vírgenes sin paso, exigiendo macheteros para abrir sendas innecesarias, cuando existían rutas transitables utilizadas por los mismos comunarios y las empresas.
«La empresa lo primero que quería era que nos cansemos, porque para comenzar eran nueve horas de caminata y ellos han querido desalentar que se desarrolle la inspección porque nos han querido hacer subir unos cerros que no tenían lógica», aseveró Valverde.
La inspección reveló un avanzado estado de intervención en la zona protegida, encontrando perforaciones de hasta tres metros de profundidad destinadas a estudios de suelo y acuíferos, además de un extenso estaqueado. Valverde señaló que, al momento de pedir explicaciones sobre la apertura de nuevos caminos y explanadas para pozos, los representantes ministeriales y de las petroleras abandonaron el lugar, acto que fue registrado en el acta judicial.
Estas evidencias serán determinantes en la audiencia programada para este martes, donde se busca frenar legalmente las operaciones debido a la gravedad de los daños detectados en el área de la Quebrada del Oso.
Asimismo, el representante legal cuestionó la legitimidad de las autorizaciones de ingreso, denunciando que se obtuvieron de manera irregular mediante personas que no poseen derechos propietarios claros en una zona donde el INRA reporta sobreposiciones. El Colegio de Abogados alertó que el Gobierno validó permisos con solo cuatro familias, ignorando que el Órgano Electoral ya confirmó la inexistencia de una consulta previa vinculante y ante este escenario de «puntos rojos» en la propiedad de la tierra y falta de consenso social, la defensa considera que las autorizaciones vigentes carecen de validez legal y ética para operar en la reserva.
Finalmente, Valverde criticó la judicialización de los comunarios que defienden el territorio, contrastando este rigor con la impunidad de otras protestas políticas en el país, y anunció que, independientemente del fallo interno, elevarán el caso ante instancias internacionales para denunciar la vulneración del derecho a la protesta y la defensa del medio ambiente.
«Sean absueltos o no sean absueltos en el proceso penal por el cual han sido procesados los comunarios, vamos a acudir después nosotros a cortes internacionales para hacer reclamo de esta vulneración de los derechos», sentenció.
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