El proyecto de ley que presentó el Gobierno para reforzar la lucha contra la corrupción, también plantea la “inhabilitación temporal” en la función pública”; los servidores no podrán acogerse a la reserva de información financiera y patrimonial, mientras que las “personas políticamente expuestas” tendrán un tratamiento mediante decreto.
El proyecto tiene ocho artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria y otra final. “Tiene por objeto fortalecer la transparencia y las medidas referidas a la prevención de hechos o actos de corrupción, a través de la creación del Sistema de Gestión de Riesgos”, de acuerdo al documento al que accedió ANF.
La disposición adicional segunda prevé el siguiente texto: “Inhabilitación temporal para el ejercicio de la función pública”. Esta medida se aplicará en los casos de delitos de corrupción y vinculados a la Ley Nº 004, cometidos por servidores públicos, mientras dure la investigación, puede ampliarse hasta que se dicte sentencia ejecutoriada, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas dispuestas por el Juez competente, se lee en el texto.
La norma también establece la publicidad de la información financiera y patrimonial que será de “acceso irrestricto” para la investigación de denuncias en el marco de las leyes 004 y 974, en consecuencia, los servidores públicos, exservidores, empelados y exempleados, y toda persona que perciba recursos públicos “no podrá acogerse al derecho a la reserva y confidencialidad ni a la reserva de la información”.
En relación a las “personas políticamente expuestas” prevé que la forma y periodicidad de la publicación de la información financiera y patrimonial será “reglamentada por decreto supremo”, se lee en el proyecto de ley.
Por otra parte, en la propuesta se incrementa los años de privación de libertad de tres a ocho años para las personas que incurran en “falsedad” en sus declaraciones juradas, en la Ley 004 era de uno a cuatro años.
“El que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) días”, dice el planteamiento.
El Gobierno lanzó la propuesta en medio de varios casos de corrupción que involucran a servidores públicos. Es el caso del exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos; la denuncia contra el Viceministerio de Coca desde donde operaría una “red de corrupción», las denuncias en contra de YPFB sobre una sobredemanda y sobreprecio en la importación de combustibles, entre otros casos.
ANF
Mira también
Comentarios