Restan unos 80 días para que termine el año y la gestión de los magistrados, sin embargo, con los plazos en contra, el Gobierno ha vuelto a descartar la elección de magistrados por decreto, aunque ahora desliza “un acuerdo en el ámbito de la constitución” para “garantizar una transición ordenada”, informó UNITEL.
Las ley de las elecciones judiciales está congelada por una consulta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y sin ella los 45 días que prevé el Legislativo para la selección de los candidatos y los 90 que requiere el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como mínimo para organizar la votación están fuera de ese plazo.
“La Constitución señala claramente que tenemos que tener un mandato temporal, no puede prorrogarse nadie en su mandato. Si los diputados son elegidos por cinco años y los magistrados y consejeros por seis años, hay que cumplir la Constitución, esa es la posición oficial del presidente (Luis) Arce”, señaló el ministro de Justicia, Iván Lima.
La autoridad indicó que “el 31 de diciembre tenemos que encontrar una solución en el ámbito de la Constitución”.
En ese contexto, puso en mesa que el proyecto de ley que está en trámite ante Legislativa y una consulta previa de constitucionalidad que “por información del Tribunal Constitucional ya ha sido sorteada y está corriendo los plazos que determina la Ley 254”.
“Esperemos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para en principio seguir los mandatos que pueda dar en esta sentencia constitucional”, dijo Lima, sin embargo deslizó “un acuerdo”.
En su criterio, “es un tema que yo entiendo complejo, que le preocupa a la población pero que tiene el mayor interés del gobierno del presidente Arce de garantizar una transición ordenada en el ámbito de nuestra Constitución el 31 de diciembre”.
“Esa es la posición oficial que tenemos como Gobierno y, lo reitero, nuestra posición también es de descartar un decreto supremo y plantearle al país la necesidad de un acuerdo en el ámbito de la Constitución”, sostuvo.
Acto seguido argumentó que “la Constitución señala que cualquier ajuste en temas constitucionales debe partir de nuestra Asamblea Legislativa en diálogo y coordinación con el Tribunal Constitucional”.
“Estamos en ese camino, les pido un poco de paciencia, no podemos adelantar un criterio porque sería afectar el sentido de nuestro Tribunal Constitucional y su independencia”, señaló.
En esa misma línea, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, descartó que el Órgano Ejecutivo designe por decreto a las autoridades del Órgano Judicial.
La autoridad del Gobierno señaló que la responsabilidad para encontrar una salida constitucional esta en manos de la Asamblea Legislativa y del TCP.
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