Ahoradigital – El presidente Rodrigo Paz anunció que su Gobierno prevé iniciar en enero de 2027 una “gran reforma del sistema judicial”, con el objetivo de fortalecer la administración de justicia mediante tecnología, meritocracia, infraestructura y procedimientos transparentes.
El mandatario realizó el anuncio este lunes, durante un acto con autoridades judiciales, después de promulgar la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, según informó ERBOL.
Paz señaló que el Ejecutivo trabaja para conseguir recursos adicionales que permitan financiar las transformaciones previstas. En ese marco, informó que el ministro de la Presidencia se encuentra en Panamá realizando gestiones para obtener fondos, aunque no precisó el monto ni confirmó que el financiamiento esté garantizado.
“Cerremos de una vez por todas, ya con los recursos frescos que vamos a tener, una gran reforma del sistema judicial”, expresó el Presidente, al convocar a las autoridades del sector a trabajar durante los últimos meses del año para preparar el proceso.
Tecnología, meritocracia e independencia judicial
El planteamiento presidencial contempla mejorar las condiciones de trabajo de jueces y funcionarios, además de optimizar la atención a la población. Paz también destacó la necesidad de establecer mecanismos transparentes y criterios meritocráticos en la selección de personal.
El mandatario vinculó la reforma con la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la democracia y la seguridad jurídica, un aspecto que considera fundamental para generar confianza y atraer inversiones nacionales y extranjeras.
Asimismo, sostuvo que la independencia y la transparencia de la justicia deben garantizar que las instituciones y las leyes estén por encima de los intereses políticos de los gobiernos de turno.
El desafío de convertir el anuncio en cambios concretos
La propuesta abre una nueva etapa en el debate sobre la transformación de la justicia boliviana. Sin embargo, el anuncio todavía deja aspectos pendientes de definición, entre ellos el monto y la disponibilidad efectiva de los recursos, el alcance de las medidas y el mecanismo mediante el cual se ejecutará la reforma.
El Gobierno plantea comenzar el proceso en enero de 2027, por lo que los próximos meses serán clave para conocer cómo se organizará la iniciativa, qué instituciones participarán y cuáles serán las primeras medidas para mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
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