Una nueva iniciativa legislativa ha reavivado el debate sobre la renta vitalicia que reciben los expresidentes y exvicepresidentes del Estado Plurinacional. La propuesta, impulsada por el vicepresidente Edmand Lara, plantea eliminar este beneficio para quienes ocuparon los más altos cargos del país en gestiones pasadas.
Actualmente, la normativa —amparada en la Ley 376 de 2013— otorga a los exmandatarios un ingreso mensual equivalente a diez salarios mínimos nacionales, lo que asciende a alrededor de 27.500 bolivianos con el ajuste vigente del salario mínimo (2.750 bolivianos).
Este monto supera el salario del Presidente (24.978 bolivianos) y del Vicepresidente (23.591 bolivianos), lo que implica que los exmandatarios mantienen de por vida un nivel salarial incluso mayor al que percibían durante su mandato.
La norma fundamenta este beneficio en el reconocimiento al “alto servicio público” prestado por los exmandatarios, así como en la necesidad de garantizarles un retiro “digno” tras dejar la primera magistratura. También busca evitar que asuman actividades privadas que generen conflictos de interés y reducir riesgos de corrupción mientras ejercen el cargo.
Entre los beneficiarios figuran Evo Morales, Álvaro García Linera, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé, Jorge Quiroga y Víctor Hugo Cárdenas, entre otros. En los siguientes meses también deben recibir el presidente saliente Luis Arce y el vicepresidente saliente David Choquehuanca.
El artículo 2 de la Ley 376 establece que “son beneficiarios ex-Presidentes y ex-Vicepresidentes Constitucionales del Estado, en una suma equivalente a diez (10) salarios mínimos nacionales mensualmente, monto que será pagado por el Tesoro General de la Nación”. El beneficio es vitalicio e independiente de cualquier jubilación derivada de aportes personales.
El especialista en derecho constitucional Ricardo Paz argumentó que, al dejar el cargo, los exmandatarios atraviesan un cambio abrupto en su estatus económico y en su nivel de seguridad.
“Garantizar una renta asegura que el exmandatario no caiga en la necesidad de buscar empleo inmediatamente, lo que podría obligarlo a aceptar roles o consultorías que comprometan la imagen de la investidura presidencial o generen conflictos de interés con decisiones tomadas durante su gestión”, señaló a través de su Facebook.
Asimismo, advirtió que la eliminación de la renta vitalicia, “aunque popular en el discurso antiprivilegios”, implicaría un riesgo significativo de degradar la dignidad del cargo y aumentar el riesgo moral, al incentivar posibles actos de corrupción en la esfera más alta del poder político.
“Mantenerla, dentro de un marco de estricta rendición de cuentas, es una inversión en la estabilidad y la integridad de la democracia boliviana”, afirmó.
No obstante, sectores críticos sostienen que, en la práctica, este pago opera como un privilegio injustificado en un país donde gran parte de la población adulta mayor carece de un sistema de protección adecuado. “Nosotros estamos comprometidos en acabar con los privilegios de unos pocos y redirigir esos recursos hacia quienes realmente lo necesitan”, afirmó el vicepresidente Lara.
A nivel regional, varios países latinoamericanos también otorgan pensiones vitalicias a sus expresidentes.
En Argentina, según la BBC News, la pensión equivale a lo que percibe un juez de la Corte Suprema, entre $us 4.500 y $us 6.300 según antigüedad.
En Perú, los exmandatarios reciben alrededor de $us 4.000 mensuales, aunque están excluidos quienes hayan sido condenados, como Alberto Fujimori.
Chile y Colombia también pagan jubilaciones vitalicias, de aproximadamente $us 8.700 y $us5.500 respectivamente, así como Nicaragua y Venezuela.
La Razón
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