El exministro Carlos Sánchez Berzaín habló de volver a Bolivia para aclarar lo ocurrido en octubre de 2003. Reveló que envió, junto a otros tres exministros, una carta a la presidenta Jeanine Áñez pidiendo anule el decreto de amnistía del gobierno de Carlos Mesa para que pueda darse las condiciones de retorno y “poner a Evo Morales en la cárcel”.
En una entrevista con la periodista Casimira Lema, en Radio Compañero, el exministro consideró el miércoles que la “recuperación de la democracia” debe implicar restituir su derecho a la igualdad jurídica para decir su verdad e “ir a la justicia boliviana a pedir justicia para que los verdaderos responsables, autores, cómplices y beneficiarios del golpe respondan”.
La restitución de su derecho a la igualdad jurídica, dijo, se dará cuando se anule el decreto de amnistía que liberó de responsabilidad a Morales y a otros que protagonizaron los conflictos en 2003 que se saldaron con más de 60 muertos y cientos de heridos de bala tras la intervención de las Fuerzas Armadas.
“Esos decretos, si son dejados sin efecto, van a reponer la igualdad jurídica de las partes y van a permitir una investigación adecuada donde -como yo lo he ofrecido- vuelvo al país para poner a Evo Morales en la cárcel, él fue el conspirador, fue el violento desde siempre no solo en 2003 y fue el beneficiario de los hechos de sangre que se produjeron en 2003”, insistió.
Añadió: “Yo quiero volver a Bolivia lo antes posible, no para enfrentar a la justicia sino para que se haga justicia, a mí me corresponde acusar a los autores de octubre de 2003, aclarar los hechos de 2003 y mostrar a los verdaderos autores y culpables”, insistió y ya perfiló una demanda contra Morales por “sedición, conspiración y crimen organizado para terminar con la democracia”.
Sánchez Berzaín huyó en octubre junto a Gonzalo Sánchez de Lozada y otros ministros a Estados Unidos, donde permanece hasta el momento. Una vez dimitió Sánchez de Lozada, Mesa asumió la Presidencia y entre sus primeras medidas dictó el decreto de amnistía. Se instauró un juicio de responsabilidades por lo ocurrido en ese octubre.
Dijo que no se “lava las manos” sobre lo pasó en ese entonces, por el contrario aseguró que está “dispuesto a probar que lo que el gobierno hizo en esa ocasión es intentar proteger el estado de derecho y el orden público, nosotros nunca hemos ordenado matar a nadie”.
Es más, dijo que “las órdenes que hemos impartido a las Fuerzas Armadas y otras instituciones han sido enmarcadas en disposiciones constitucionales. Los muertos y heridos han sido buscados y han sido producidos por las fuerzas de sedición y conspiración que luego han hecho un discurso político de eso”.
Áñez no respondió –sostuvo- al contenido de la carta que envió junto a Mirtha Quevedo, Dante Pino y Javier Torres.
La Razón
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