En la primera audiencia cautelar por el caso trata realizada el pasado 14 de enero, los abogados de Evo Morales argumentaron que su defendido sufre de problemas de salud que le impidieron asistir a la convocatoria hecha por el Ministerio Público. Ante ello, el juez que atiende la causa reprogramó el acto procesal para el viernes 17 y ordenó que se le haga una nueva revisión médica al expresidente.
Finalmente el examen no fue realizado y Morales denunció que desde el Órgano Ejecutivo se instruyó a médicos que no le brinden atención en el trópico de Cochabamba y que, incluso, hubo el despido de un doctor.
Este lunes, Evo insistió que el “Gobierno impidió con amenazas a profesionales cardiólogos, neumólogos, entre otros”, que revisen su estado de salud.
Expuso además que padece “bronquitis, hipertensión aguda y bradicardia que me afecta en la actualidad” y que el no hacerse la valoración médica “es un verdadero abuso y una violación de derechos fundamentales como el acceso a la salud”.
Ante ello, la ministra de Salud, María Renée Castro, enfatizó que es “absolutamente falso que desde esta cartera de Estado se haya instruido la destitución de algún médico, ya que la emisión de certificados médicos no constituye causal de despido bajo ninguna circunstancia, y menos aún si se trata de un profesional del sistema privado de salud”.
“Rechazamos categóricamente estas acusaciones falsas y malintencionadas, que no hacen más que desinformar y generar confusión”, agregó Castro y lamentó que exautoridades “desconozcan los roles y competencias que rigen al Sistema Nacional de Salud”.
UNITEL
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