El Gobierno desahució la iniciativa de los Juristas Independientes de reformar la justicia a través de un referéndum constitucional, aseguran que no es seria y que no respeta plazos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE). Además, consideró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazará esa propuesta.
El ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió al tema e hizo una descripción del procedimiento a seguir que, a su criterio, demorará por lo menos seis meses y mientras tanto no se puede esperar para seleccionar a los nuevos magistrados del Órgano judicial que deben asumir sus cargos los primeros días de 2024.
«Estamos a días de que se determine si se recolectaron el millón y medio de firmas o no. Establecido ese paso el TSE verifica las firmas y remite el caso al Tribunal Constitucional, una sentencia de esta magnitud tomará al menos seis meses. Hasta octubre podría salir. Yo creo que el TCP les va a negar (…) En julio debemos mandar la lista de los postulantes y en octubre debe ser la elección. Eso demuestra que esa propuesta no es seria, no es responsable, no sigue los tiempos ni los cronogramas que prevé nuestra Constitución», afirmó la autoridad a los medios estatales.
El grupo de Juristas Independientes están en plena etapa de recolección de 1,5 millones de firmas que permitiría viabilizar un referéndum constitucional para reformar la justicia. Mientras que en la Asamblea Legislativa se acelera la aprobación de la convocatoria y el reglamento para la preselección de candidatos al Órgano Judicial.
En ese sentido, Lima dijo que los impulsores de esta propuesta no entienden la realidad del país porque no litigaron, pocos estuvieron en los tribunales y sólo uno en el Consejo de la Magistratura.
El Ministro también criticó la propuesta planteada para la elección de autoridades de conformar una comisión de nueve personas para la selección de los candidatos, cuestionó que se pretenda dejar en manos de ese grupo la elección e ignorar los dos tercios de la Asamblea Legislativa.
«Quieren que nueve personas elijan a los candidatos. A dos los elige la Asamblea, uno por mayoría y otro por minoría. Dos las universidades, dos vienen de los gremios de periodistas, el séptimo viene de Asociación de Magistrados de Bolivia, otro de los colegios de abogados y el noveno del sistema de justicia indígena originaria. Pasas de un tema constitucional de dos tercios de votos a que cinco ciudadanos decidan quiénes serán las autoridades de la justicia boliviana»», enfatizó.
Recordó que el mandato de las actuales autoridades judiciales fenece el 31 de diciembre, por lo tanto, el trabajo que se lleva a cabo en la Asamblea garantiza el cambio de los mismos en el plazo establecido.
Dijo que esta semana el Legislativo debe aprobar la convocatoria y el reglamento, hasta julio se debe cumplir con todo el proceso de preselección y, posteriormente, enviar las listas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que comience con la etapa electoral.
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