El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó este martes que el Gobierno registra avances en la socialización del denominado “corredor humanitario” destinado a garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos, combustibles, oxígeno e insumos básicos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, en medio de los bloqueos y conflictos sociales que afectan al país.
La autoridad aseguró que el Ejecutivo mantiene su apuesta por la democracia y el diálogo para enfrentar la crisis, y descartó por el momento la aplicación de un estado de excepción.
“Hasta ahora hemos apostado a lo que nos permite la democracia, que es justamente socializar la posibilidad de tener un corredor humanitario. Hemos tenido grandes avances y creemos que podremos tener más insumos para la población en breve”, afirmó Gálvez en contacto con medios de comunicación.
El vocero señaló que el operativo busca atender la demanda urgente de productos esenciales para la población, principalmente para hospitales, enfermos y niños afectados por el desabastecimiento derivado de los bloqueos.
“No se trata de algo que necesita el Gobierno. Es algo que necesita la población. Hay enfermos, hay niños y una inmensa demanda de insumos imprescindibles”, sostuvo.
Respecto a los pedidos de algunos sectores para declarar estado de excepción, Gálvez afirmó que esa posibilidad no se encuentra contemplada de manera inmediata y remarcó que se trata de una de las últimas atribuciones previstas por la Constitución.
“Sabemos que son atribuciones que puede asumir un gobierno legalmente constituido, pero es una de las últimas opciones”, manifestó.
Según la autoridad, el Ejecutivo considera que una medida de ese tipo podría ser utilizada por grupos violentos para profundizar la conflictividad.
“Los violentos buscan sangre, muerte o un pretexto para mantener esta situación por mucho más tiempo”, advirtió.
En relación con las movilizaciones y bloqueos, Gálvez sostuvo que impedir el ingreso de medicamentos, oxígeno e insumos médicos constituye “un atentado contra la salud pública y la paz social”, por lo que señaló que quienes promuevan esas acciones deberán responder ante la justicia.
Asimismo, confirmó que existe una orden de aprehensión contra el dirigente Mario Argollo, a quien acusó de promover medidas de presión que derivaron en hechos de violencia y afectaciones a la población.
“Las personas tienen que hacerse responsables de las decisiones que asumen. Si han provocado daños, tendrán que rendir cuentas ante la ley”, afirmó.
El vocero presidencial valoró las iniciativas impulsadas por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos orientadas a promover espacios de diálogo y búsqueda de soluciones al conflicto.
Fuente: ABI
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