Los familiares de 31 fallecidos y de más de 200 heridos en las jornadas del 12 y 13 de febrero de 2003 lograron instalar el juicio penal y ordinario por el delito de homicidio contra 15 exoficiales de la Policía y de las FFAA, además de 4 civiles que estuvieron en esas jornadas.
“Nosotros esperamos que concluya porque los jueces nos indicaron que será por tiempo y materia, las familias de las víctimas estaremos presentes con los asesores; el caso mío es por la muerte de mi hijo, Julián Huascar Sánchez Calcina, de 17 años”, dijo María Calcina, ex diputada de UN y madre del muchacho.
El 11 de febrero de 2003 el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada decretó la aplicación de impuestos al salario, lo que ocasionó un motín policial, la movilización se saldó con 36 fallecidos, entre policías, militares, vecinos y estudiantes, además de más de 200 heridos, desde entonces algunas familias habían iniciado procesos en busca de justicia y no lograron nada.
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En el primer Gobierno de Evo Morales se aprobó el pago de una indemnización en favor de las víctimas y sus familiares, pero estas últimas seguían planteando procesos en contra de los que dispararon. La mayoría de las víctimas fallecieron en proximidades de la plaza Murillo.
Calcina informó que al menos 15 personas son las principales acusadas: René Molina Balderrama, capitán de la FAB fue identificado como francotirador; David Braulio Vargas Flores, mayor de Policía, fue separado de la institución; Gonzalo Medina Sánchez, ex coronel de Policía; Ángel Rivero Pérez, ex mayor de Policía; Johnny Alarcón Ticona, ex policía; Julio César Reynaga Rojas, ex mayor de Policía; Juan Javier Salgueiro Hurtado, teniente de Policía; Víctor Hugo Ramírez Jiménez, teniente de Policía; Rodi Chalco Peñaranda, teniente de Policía; Juvenal Ossio Rengifo, oficial de Policía; y el uniformado, Daniel Alejandro Cahuana Loza.
Los cuatro civiles acusados son: Jorge Saavedra Vargas, Ramiro Roberto Chipana Alanoca, Iver Tito Medina Gutiérrez y Gonzalo Antonio Zambrano Dorado.
Este proceso se anuncia desde 2008 y nunca fue instalado, ahora las familias esperan que el Tribunal Octavo de Sentencia inicie el juicio oral; mientras ellos siguen aguardando el juicio de responsabilidades en contra de las principales autoridades del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El Deber
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