Tras concluir una visita a Bolivia, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, expresó preocupación por la situación de la sociedad civil y las acciones impulsadas por autoridades nacionales.
Entre sus observaciones, Romero cuestionó la presentación de proyectos de ley destinados a endurecer las sanciones contra los bloqueos de carreteras.
Relatora de la ONU
Estas iniciativas cuentan con respaldo de sectores políticos y empresariales que consideran necesario sancionar con mayor severidad los cortes de rutas que afectan la economía y el libre tránsito.
La relatora también manifestó preocupación por la “reestructuración institucional que está adelantando el gobierno” y por las modificaciones planteadas al funcionamiento de distintas entidades públicas.
Otro de los puntos observados fue el Decreto Supremo 5673, que establece disposiciones para el registro de organizaciones no gubernamentales y fundaciones.
Romero señaló que la norma modifica las reglas del Registro Único Nacional de Presentación de Informes y otros procedimientos aplicables a asociaciones nacionales y extranjeras.
Situación
La representante de Naciones Unidas también cuestionó la falta de mecanismos duraderos para atender la conflictividad social.
En ese sentido, reclamó procesos amplios de concertación y diálogo que permitan resolver los conflictos sin recurrir a medidas que puedan restringir derechos.
Romero denunció además presuntos casos de “hostigamiento y estigmatización” contra sectores de la sociedad civil, activistas, periodistas y otros actores vinculados con asuntos ambientales, tierras y pueblos indígenas.
A ello sumó su preocupación por el supuesto hostigamiento contra la institución nacional de derechos humanos.
‘Hostigamiento’
“La sociedad civil boliviana lleva ya varios años siendo debilitada con procedimientos excesivos que afectan el derecho de asociación en el país”, afirmó Romero en un video difundido mediante sus redes sociales.
La relatora sostuvo que cualquier nueva normativa debe contribuir a mejorar las condiciones para el ejercicio del derecho de asociación y no generar mayores restricciones.
Romero señaló que está dispuesta a dialogar con el Gobierno y brindar asistencia técnica. Sin embargo, explicó que durante su visita no fue recibida por autoridades del Ejecutivo.
Pese a ello, expresó su expectativa de establecer un trabajo conjunto con el Gobierno boliviano en una próxima oportunidad.
La Razón
Mira también
