La justicia dispuso este miércoles libertad irrestricta para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el proceso relacionado con el paro de 36 días por el Censo en 2022.
La decisión judicial levantó medidas como la detención domiciliaria, el arraigo y cualquier restricción de movilidad del investigado, según se informó tras la audiencia virtual.
Luis Fernando Camacho
Desde Samaipata, Camacho celebró la decisión y sostuvo que el fallo evidencia un giro en la administración judicial. “Una vez más vemos que la justicia sigue tomando su independencia y sé que eso hay que destacarlo, pese a muchas ilegalidades que ha habido con otras autoridades”, afirmó, al considerar que ya no existe presión del “masismo” sobre el sistema judicia.
El gobernador señaló que la resolución le permitirá retomar desplazamientos y gestiones a escala nacional, con el fin de buscar apoyo para atender los daños provocados por las lluvias en Santa Cruz. También anticipó que solicitará resoluciones similares en los otros procesos que enfrenta. “Con el caso de los 21 días (crisis de 2019), también hemos presentado la misma solicitud, a espera de la audiencia”, dijo.
Proceso
Aseguró que hará lo propio en el caso denominado Carro bombero, para habilitar incluso viajes al exterior.
El fallo llega después de que en agosto la Justicia levantara su detención preventiva por este caso, exigiera una fianza de Bs 50.000 y mantuviera el arraigo. Además, en el proceso por los hechos de 2019, Camacho obtuvo detención domiciliaria con salidas laborales, lo que permitió su retorno a Santa Cruz tras permanecer recluido en Chonchocoro.
Libertad
El proceso judicial por el paro de los 36 días fue impulsado por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto. La denuncia acusa a Camacho y a otros líderes cruceños de delitos como terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, entre otros, por las movilizaciones de 2022 que exigían la realización del Censo.
Con la nueva resolución, el gobernador queda sin restricciones en esta causa, aunque aún mantiene pendientes otros procesos que seguirán su curso judicial.
La Razón
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