La Human Right Watch (HRW), un observatorio internacional para los derechos humanos, ratificó este sábado sus observaciones respecto a la falta de independencia en el justicia boliviana y lamentó que el presidente Luis Arce no haya cumplido la promesa de reformarla.
“Estamos muy preocupados por la justicia boliviana y es algo de lo que venimos hablando desde hace varios años. En el gobierno de Evo Morales, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y, ahora con el presidente Arce que prometió hacer una reforma a la justicia y no lo ha hecho. No ha tenido la voluntad política de hacer esa reforma tan necesaria”, dijo este sábado César Muñoz, director asociado para América Latina de HRW.
Muñoz presentó estas observaciones en el programa semanal ‘Qué semana’ que se emite a través de EL DEBER Radio. Animó, de este modo, a una reforma promovida desde la sociedad civil como la que propone el grupo de juristas independientes.
“Para alguien que llega al poder en Bolivia, la justicia es muy cómoda y dada su debilidad se la puede manipular; se puede influir y eso es útil para quien está en el poder. La única forma de cambiar eso es a través de un clamor popular por una reforma”, comentó en la entrevista.
Además, valoró que existan informes y estudios técnicos que evidencian la ausencia de independencia de la justicia en el país, además de falencias en cuanto a su eficacia en favor de sectores vulnerables, especialmente en casos de violencia contra las mujeres.
Muñoz recordó, según los resultados de la investigación sobre violencia de género que publicó la revista The Lancet, que en Bolivia el 42% de las mujeres sufrió violencia por parte de sus parejas o exparejas y que no existe una adecuada administración de la justicia ante estos casos.
“Lo que tiene que haber es una presión desde abajo, de la gente, presión de los partidos políticos, que se siga hablando del tema para que haya un incentivo a hacer esa reforma en algún momento y espero que no tarde porque la situación es muy grave”, dijo.
Muñoz consideró, además, que se debe modificar el Código Penal y, en ese camino, activar acciones de independencia y control interno en el Órgano Judicial, de manera que jueces y fiscales no dependan de presiones del poder político para mantenerse en sus cargos.
Señaló que tipos penales como «terrorismo y genocidio» se han usado de manera «exagerada» y con fines políticos, tanto en el gobierno de Evo Morales, como en el de Áñez y de Luis Arce.
“La justicia se convierte en un instrumento de quienes tienen poder y no es una cuestión de ideología, no es que los jueces y magistrados sean partidarios de una ideología”, sino de la presión que los operadores de justicia sienten para mantenerse en sus cargos.
“Pueden ser despedidos mañana sin ninguna justificación y esa persona va a estar pensando en el alcance de sus decisiones. Esa falta de seguridad en el puesto es nefasta y hace que el sistema judicial sea vulnerable a presiones de todo tipo y en Bolivia hemos visto el uso político de la justicia”, insistió Muñoz.
También insistió que una reforma debe apuntar a una autonomía funcional y financiera, pues esto evitaría que actores políticos, incluso a merced de manifestaciones callejeras influyan en los jueces. “No puedes tener a actores políticos diciendo lo que tiene que hacer el juez, diciendo que se castigue con determinados años. Esa es la determinación de la justicia y no de un líder político”, apuntó.
EL DEBER
Mira también
Comentarios