Tras conocerse la sugerencia que hizo el exministro Iván Lima acerca de conceder indulto o amnistía hacia Jeanine Añez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari, las criticas no dejaron de crecer en contra de la exautoridad, y consideran que se trata de una vos no autorizada para proponer este tema.
“Creemos primero que el señor Lima no goza de credibilidad alguna, ni jurídica, ni política, la amnistía es un perdón que se le concede a personas que, si han cometido un hecho delictivo, no a personas que están perseguidas políticamente con procesos inventados por un gobierno dictatorial, como ocurre con Camacho, Añez, Pumari y más de 300 presos políticos en Bolivia”, señaló el abogado Martín Camacho.
El abogado considera que se trata de una especie de burla hacia el pueblo que se movilizó en 2019 y lo que correspondería una anulación de procesos.
“Creemos que es una burla, es una refrenta al pueblo boliviano y a todos los que lucharon en 2019 ante un fraude monumental, no corresponde una amnistía, corresponde una anulación de proceso, el retiro de las acusaciones, de la imputación y las denuncias, no solo en contra del gobernador Camacho, sino en contra de los más de 300 presos políticos”, añadió el abogado Camacho.
El criterio fue compartido por el analista político Jorge Santiesteban, quien señaló que las palabras de Iván Lima no corresponden y que la única persona que podría sugerir o decretar una amnistía, es el presidente del Estado.
“Está buscando distraer la atención, como voz no autorizada, él no tiene nada que ver en este asunto de la amnistía, porque el único que tiene atribución es el presidente Luis Arce, su bandera política es Camacho, son los presos políticos, el caso terrorismo, ellos no van a declinar de esas banderas para mostrar fortaleza y ser un gobierno robusto, es una medida distractiva y engañosa por parte de una persona que no es autorizada”, indicó Santiesteban.
Según Santiesteban, la figura de amnistía debe aplicarse por los lideres de Estado por razones humanitarias y de justicia.
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