“Los autores de las masacres de 2019 tendrán que pagar su culpa en la cárcel”, afirmó este jueves el diputado Renán Cabezas (MAS), al referirse a la denuncia formal presentada por el Comité Impulsor del caso Golpe de Estado, contra líderes opositores por los delitos de genocidio, alzamiento armado, conspiración y otros.
“Tienen que ser investigados los exministros que han firmado ese ´Decreto de la muerte’. Tienen que ser inclusive investigados quienes han sido parte del gobierno de facto. Se han vulnerado los derechos humanos (…), hay muchas familias que están sufriendo por un ser querido”, demandó el legislador, según una nota de prensa de la Cámara de Diputados.
El Comité Impulsor del caso Golpe de Estado formalizó ayer, miércoles, la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, en contra de los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga; los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari; los exministros del gabinete de Jeanine Añez; el excomandante de las FFAA, Williams Kaliman; el excomandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón; y el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín.
La demanda es por los delitos de genocidio, alzamiento armado, conspiración, entre otros.
“En un debido proceso cada uno tendrá que someterse a las consecuencias, ellos saben que han cometido un delito, también sabían que tendría consecuencias, y ahora tienen que encarar (el caso) de forma valiente”, agregó Cabezas.
El Decreto Supremo 4078 promulgado el 15 de noviembre por la administración de Jeanine Áñez, derivó en las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
Fue firmado por los exministros Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando Lopez Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Nüñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, Roxana Lizárraga Vega.
Además de los exministros, el diputado del MAS consideró que los actores políticos que se reunieron en la Universidad Católica Boliviana, poco antes de la asunción inconstitucional de Añez a la presidencia, deben dar explicaciones al pueblo boliviano.
“Cada autoridad y exautoridad de facto tendrá que ser sancionado de acuerdo al grado de culpabilidad que tengan. Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho han influido, porque han participado de la reunión en la Universidad Católica”, indicó.
Tomado de ABI
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