Por Fernando Antonio Ávila Mercado
La reciente intención del Presidente Luis Arce de convocar a un referéndum para modificar aspectos fundamentales de la Constitución Política del Estado (CPE), como la reelección presidencial y la redistribución de escaños, ha generado un intenso debate en Bolivia. Este anuncio, más que una expresión de fortaleza democrática, parece reflejar una apresurada necesidad de modificar las reglas del juego político.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta maniobra es la consulta realizada por el órgano Ejecutivo, a través de un diputado alineado con el gobierno, a las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se pronuncien sobre la posibilidad de realizar una modificación parcial de la CPE mediante un Decreto Supremo.
La Constitución Política del Estado establece que cualquier modificación parcial de su contenido solo puede realizarse mediante dos vías: la iniciativa popular, que requiere el respaldo de una cantidad significativa de firmas ciudadanas, o la iniciativa legislativa, que debe ser aprobada por más de dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, dado que el Presidente no cuenta con la mayoría en la Asamblea y no tiene posibilidad de construirla, ha optado por un camino que no está contemplado en la Constitución: la emisión de un decreto supremo para impulsar la reforma. Este acto no solo carece de sustento constitucional, sino que además pretende ser legitimado a través del pronunciamiento de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes se encuentran en funciones de manera prorrogada y cuya legitimidad y legalidad están severamente cuestionadas.
Es fundamental recordar que el rol del TCP no es el de modificar la Constitución, sino el de garantizar que las normas y acciones del Estado se enmarquen dentro de los límites establecidos por ella. Al ser consultado sobre la posibilidad de una reforma constitucional por vía de decreto supremo, el TCP podría estar a punto de avalar una interpretación extensiva que vulnera la Constitución misma, socavando la seguridad jurídica y la estabilidad institucional del país.
No se trata de tener miedo a la participación del pueblo en las urnas; de hecho, la democracia se fortalece cuando la ciudadanía es consultada para tomar decisiones trascendentales. Sin embargo, esta consulta debe realizarse en el marco del respeto absoluto a la Constitución y a los procedimientos que ella establece. No podemos permitir que las urnas se conviertan en un mecanismo para legitimar decisiones que no deberían ser trasladadas al pueblo, sino resueltas por un gobierno responsable. Las convocatorias deben ser legítimas, transparentes y, sobre todo, respetuosas del Estado de derecho, evitando pasarle al ciudadano facturas que son responsabilidad exclusiva del gobierno.
La crisis actual también nos obliga a reflexionar sobre la reconstrucción de la institucionalidad en los cuatro órganos de poder del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. Cada uno de estos órganos debe reencauzar su función con plena independencia y no subordinación a las directrices del Ejecutivo Nacional. Es esencial que los órganos de poder del Estado mantengan su independencia, garantizando así un verdadero equilibrio de poderes. Sin embargo, esta independencia no debe interpretarse como un obstáculo para la coordinación entre ellos. La Constitución contempla que los órganos del Estado deben coordinar sus acciones, pero es crucial entender que esta coordinación no significa sumisión a los dictados de un poder sobre otro. La coordinación debe darse en un marco de respeto mutuo y apego a la ley, asegurando que cada órgano cumpla con sus funciones de manera autónoma y sin interferencias indebidas. Solo así se puede preservar la integridad y legitimidad de nuestras instituciones, fundamentales para el sostenimiento de un Estado de derecho sólido.
Hoy más que nunca es crucial que la sociedad civil, los actores políticos y las instituciones independientes se mantengan vigilantes para evitar que las normas fundamentales de nuestro país sean alteradas en favor de intereses político-partidarios. La reconstrucción de la confianza en nuestras instituciones es una tarea urgente e indispensable para el futuro de nuestra democracia.
El intento de modificar la Constitución mediante procedimientos que no respetan el texto constitucional es un signo de que desde hace tiempo, estamos a destiempo en la construcción de un Estado de derecho sólido y legítimo. Debemos redoblar esfuerzos para reencauzar la independencia de nuestros órganos de poder y reconstruir la institucionalidad que ha sido erosionada. Solo así podremos aspirar a un futuro donde las reglas sean claras, justas y respetadas por todos.
Fernando Antonio Ávila Mercado es Abogado
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