El relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, presentó ayer en Ginebra un informe final sobre la justicia boliviana. El relator identificó que existe una “injerencia política” y que las bajas remuneraciones en jueces conllevan a la corrupción.
Entre las conclusiones de su informe que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) del sistema de las Naciones Unidas (NNUU), se expone “Los jueces, juezas, vocales y magistrados bolivianos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. Esta vulnerabilidad se debe a la falta de una carrera judicial, al alto número de jueces transitorios y remuneraciones bajas. La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones abren la puerta a la corrupción”.
Además, en otra de sus observaciones menciona que tras la reciente crisis del 2019 y 2020 “existe una profunda desconfianza de los actores políticos y sociales del país en la administración de justicia como tal, lo cual incide negativamente en los esfuerzos de fortalecimiento y reforma institucionales”.
Por otro lado, alerta que la situación de las personas privadas de libertad es “grave” debido a la tasa de hacinamiento, con 349,8 %. A esto se suma la alta cantidad de gente que cuenta con detención preventiva, es decir, sin sentencia condenatoria.
Por su parte, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, manifestó que Diego García-Sayán, cometió imprecisiones en el informe final y dijo que ve con “preocupación que los sectores puedan tergiversar o malinterpretar determinaciones y afirmaciones del relator”.
Urgente.bo
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