La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) denunció al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por acciones que considera de «abuso de poder» y declaraciones comparables con las del ministro de la dictadura militar Luis Arce Gómez.
La denuncia contra Cox menciona dos hechos particulares: uno en el cual el Viceministro advirtió en declaraciones públicas que se generaría responsabilidades a quienes intenten «confundir» a la población respecto a lo que denominó «golpe de Estado» en el contexto de la investigación del supuesto «tráfico ilícito de armas». El segundo hecho mencionado es el caso de la detención del ciudadano Mario Bascopé.
El secretario jurídico de la APDHLP, Franco Albarracín, manifestó que recientes declaraciones de Cox sólo se pueden comparar con las emitidas en 1980 por Luis Arce Gómez, quien era Ministro del Interior de la dictadura de Luis García Meza, y que entonces advirtió a opositores que debían andar «con el testamento bajo el brazo».
«Según entonces Nelson Cox deberíamos andar con el testamento bajo el brazo, pero como ellos controlan la justicia y es un contexto diferente al que de la época de la dictadura, yo diría que, según Nelson Cox, deberíamos andar con el memorial bajo el brazo», manifestó Albarracín.
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El activista alertó que con la declaración de Cox se estaría enjuiciando a todos lo que opinen distinto a la versión del Gobierno y alertó que eso se constituye en una grave acción contra la libertad de expresión y garantías constitucionales.
Señaló que, al parecer, si se opina diferente al Gobierno, Nelson Cox ordenará la detención o incluso tortura. Comparó al Viceministro también con exministros criticados en su gestión como Arturo Murillo, Sacha Llorenti y Carlos Romero.
En el caso de Mario Bascopé, la denuncia de la APDHLP señala que, según monitoreo de prensa, el Viceministro habría influido en la detención «arbitraria» de este ciudadano.
Bascopé es miembro de la Resistencia Cochala y fue detenido al momento de la cárcel de Palmasola, para responder por otro abierto en Sucre por destrozos en la Fiscalía en 2020. Cox justificó la aprehensión, mientras que el Comité pro Santa Cruz denunció que se torturó al activista.
El secretario jurídico de la APDHLP aclaró que a la institución no le interesa la filiación política de Bascopé, sino la persona que en este caso fue detenido sin que se lo haya citado.
La Defensoría del Pueblo también se refirió a las declaraciones de Cox en el caso Bascopé y recordó al Estado boliviano que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos establece la presunción de inocencia como un derecho humano y una garantía judicial.
Albarracín afirmó que con estos hechos Cox demuestra que es una persona «extremadamente violenta».
Recordó que el Viceministro fue delegado defensorial en Cochabamba y que, con su actitud revelada, se evidencia que la Defensoría del Pueblo está compuesta por «personas inmorales, violentas y poco éticas», cuyo objeto final es cumplir con el MAS.
El activista indicó que Cox cuenta con medidas cautelares de la CIDH, emitidas cuando era delegado defensorial, pero debido a los últimos hechos debería quitársele esa protección, porque ya no está en peligro, sino es el que genera peligro y vulneración de derechos Humanos.
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