Tras ser promulgado el Decreto Supremo 5552, que reestructura la Vicepresidencia del Estado y elimina la mayoría de sus funciones administrativas, en medio de una polémica acción constitucional que presentó el vicepresidente del Estado, Edmand Lara Montaño, en contra de un exfuncionario suyo por opinar de manera crítica en su contra, el abogado y exfiscal, Jaime Soliz, sostuvo que al presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, no le queda otra opción que gobernar por decreto ante la falta de acompañamiento del Órgano Legislativo y la incapacidad para ejercer liderazgo en ella por parte del Presidente Nato de la Asamblea Legislativa.
Consultado por EL DIARIO sobre las recientes acciones de los primeros dos hombres del Estado, el exdirector general de la Vicepresidencia dio una respuesta clara: Paz actúa en consecuencia a una falta de acompañamiento y liderazgo en el Órgano Legislativo, mientras que Lara, a través de este tipo de acciones judiciales, revela que es una “amenaza” al buscar acallar a voces contrarias, olvidando que llegó al cargo precisamente gracias a la libertad de expresión que permiten las redes sociales.
El Ejecutivo dispuso el viernes la desarticulación de las principales direcciones generales de la Vicepresidencia, limitando su acción a labores de apoyo legislativo y asesoramiento jurídico. La norma ordena la transferencia del personal y el presupuesto a dependencias de distintos ministerios, dejando a Lara dependiente de la cartera de Presidencia y sin representación regional, departamental, institucional ni sectorial.
El mismo día, en horas de la tarde, Soliz fue notificado que debe asistir a una audiencia virtual el martes a las 14:30, en el marco de una Acción de Protección de Privacidad presentada en su contra por el Vicepresidente ante la Sala Constitucional Segunda de La Paz, por un video en el que alude la condición mental de Lara y cuestiona su idoneidad para ejercer el cargo. Según explicó Soliz, Lara no solo intenta acallarlo, sino perseguir judicialmente a cualquier creador de contenido que lo critique en redes sociales.
“El proceso constitucional que me inició (Lara) y hoy enfrento no es un hecho aislado ni un simple litigio personal. Es, en realidad, un episodio profundamente preocupante para la democracia boliviana, porque pone en evidencia un intento peligroso de convertir el poder público en un mecanismo de intimidación política contra la ciudadanía”, advirtió Soliz en un pronunciamiento.
El abogado sostuvo que, en democracia, los altos funcionarios del Estado están sometidos a mayor escrutinio público y fiscalización ciudadana, conforme a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que toda crítica a su función debe gozar de protección. Asimismo, afirma que el debate público sobre autoridades políticas no puede ser restringido, bajo peligro de dar paso a acciones autoritarias.
En diciembre de 2025, Soliz fue director general de la Vicepresidencia durante 14 días, antes de alejarse y presentar su renuncia tras advertir que Lara conspiraba contra el propio Gobierno y que existían “serias irregularidades” en la procedencia de regalos de Navidad que estaban destinados a miles de niños, así como en la situación judicial del exministro de Justicia, Freddy Vidovic, quien aún ejerce un cargo en Vicepresidencia.
LEGISLATIVO APLAZADO
Al margen de este proceso, Soliz considera que el problema es mucho más profundo: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que por un lado adolece de una falta de liderazgo por parte de Lara, no está siendo capaz de “reaccionar” y avanzar en la conformación de alianzas políticas o bancadas parlamentarias para generar nuevas leyes y reformas de Estado. Por ello, en su criterio, Paz se ve en la necesidad de promulgar decretos.
“No funciona el Legislativo, se aplazó de entrada, se ha parado y hasta ahora no sale de su letargo. Me parece que, o son neófitos y muy lentos, o son incapaces o están en otra cosa, pero no puede ser que hasta ahora el Legislativo no reaccione. Hasta ya deberían haber iniciado un juicio de responsabilidades a Lara. La Asamblea Legislativa no está haciendo el debido acompañamiento y a Paz no le queda otra opción que gobernar a punta de decretos”, expresó Soliz en contacto con EL DIARIO.
El jurista y exfuncionario sostuvo que el poder Legislativo no está acompañando la labor presidencial y no está tratando las leyes con la celeridad que estas requieren, en parte por la falta de un líder que genere espacios de acuerdo, articule consensos parlamentarios y concrete alianzas políticas entre el oficialismo y la oposición. En su lectura, un Congreso sin un liderazgo idóneo se estanca en la burocracia, obligando al Presidente a actuar mediante decretos.
“Tras cien días, Paz tiene que rendir cuentas de lo que está actuando y, si lo ha hecho por la vía del decreto, es porque el Legislativo no lo acompaña. El Legislativo está paralizado porque no tiene un líder y ese es el problema de que dirija el Parlamento. El Parlamento está estancado en la burocracia y en la lentitud con la que actúa. Si Paz tiene que actuar por decretos, es porque el presidente no está acompañado”, agregó el exfuncionario del Estado.
Soliz expresó que no cree que no exista oposición parlamentaria: el problema es que la incapacidad de Lara para “ordenar” al oficialismo (el Partido Demócrata Cristiano o PDC) y las otras brigadas del Senado y la Cámara de Diputados ponen al Legislativo en una “situación crítica”. El exfiscal considera que, si hubiese dirección real en la ALP, ya se habría promulgado una Ley Orgánica del Órgano Ejecutivo o de la propia Policía.
“La incompetencia y la incapacidad de Lara para hacer política está provocando que Rodrigo tenga que gobernar por decreto. Qué bueno sería (que) hubiera una bancada (organizada), sacarían una Ley Orgánica del Órgano Ejecutivo, una Ley Orgánica de la Policía y Fuerzas Armadas, pero si no gobierna, ¿qué vas a hacer?”, cuestionó.
Fuente: El Diario
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