La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga Vera fue declarada en rebeldía en el caso “gases” de Ecuador durante la audiencia de medidas cautelares que instaló el juez Décimo de Instrucción en lo Penal ante su ausencia, informó el Fiscal Departamental de La Paz, William Alave.
La exautoridad es sindicada por presuntamente gestionar que un lote de agentes químicos, que provenía de Ecuador, ingrese al país durante la crisis de 2019.
“Hoy se realizó la audiencia de medidas cautelares a las 14:00 horas en contra de esta exautoridad y al haberse cumplido con la notificación legal, mediante edictos como dispone la norma, pero la imputada no asistió a la audiencia ni justificó su inasistencia, el juez valoró esos extremos y declaró la rebeldía”, explicó.
Alave detalló que Lizárraga “no se sometió a la investigación por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes”.
Por su lado, el fiscal coordinador Anticorrupción, Eddy Flores, argumentó que la comisión que investiga el caso amplió la investigación en contra de Lizárraga y dictó imputación formal en su contra debido a que presuntamente, el 15 de noviembre de 2019, gestionó la llegada del armamento no letal.
El funcionario explicó que en una reunión que supuestamente la exministra sostuvo con los exministros Arturo Murillo y Fernando López, además de la expresidenta Jeanine Añez, en Palacio de Gobierno, tomó contacto con personal policial de la República del Ecuador para acordar mediante una llamada telefónica que ese país envíe gases lacrimógenos y otros pertrechos, cita un boletín institucional.
Según la Fiscalía, este lote de gases fue introducido a Bolivia de manera presuntamente ilegal.
“Durante la investigación se logró establecer la presunta participación de esta exautoridad en el hecho, por esta razón el 25 de febrero de este año se citó a la investigada para que asuma defensa y se presente a declarar sobre los hechos ocurridos, porque habría viabilizado la llegada de estos elementos antidisturbios que consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm, y 500 granadas de sonido y destello para exteriores”, sostuvo Flores.
La Fiscalía investiga a todos los involucrados en el préstamo y traslado de esos agentes químicos desde Ecuador durante los hechos de violencia de 2019. El acto fue presuntamente ejecutado sin cumplir protocolos ni normas para este tipo de actos, por eso se investiga el caso por el delito de tráfico de armas.
Tomado de Página Siete
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