Ahoradigital – La Fiscalía General del Estado desvinculó a 60 funcionarios que formaron parte de la gestión del exfiscal general Róger Mariaca, en medio de los cuestionamientos al Ministerio Público por presuntos vínculos con el narcotráfico y denuncias de irregularidades.
Según informó El Deber, los memorandos de agradecimiento de servicios tienen fecha del 20 de octubre y alcanzan a fiscales de diferentes regiones del país.
Entre los funcionarios apartados figuran Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental del Beni, y Julio César Porras Velarde, quien se desempeñaba como fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz. Ambos aparecen en la lista de ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos impuso restricciones de visa.
Investigan posibles responsabilidades
El fiscal general, José Armando Urioste, informó que el Ministerio Público recopila antecedentes para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de investigaciones penales contra los dos exfiscales.
La autoridad aclaró que aparecer en la lista estadounidense no implica automáticamente responsabilidad criminal ni constituye prueba de la comisión de un delito. Según explicó, cualquier investigación debe sustentarse en elementos de convicción.
Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, señaló que las desvinculaciones responden a antecedentes y denuncias que ya existían contra funcionarios de esa institución. También indicó que en ese departamento habría alrededor de una docena de trabajadores en esta situación.
La crisis alcanza al Ministerio Público
Las desvinculaciones se producen en un contexto de cuestionamientos a la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción y posibles vínculos con redes del narcotráfico. Mariaca permanece detenido preventivamente en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, por una investigación relacionada con una presunta protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Urioste reconoció que los recientes casos afectan la imagen internacional de Bolivia, aunque consideró que la exposición de estas irregularidades también representa una oportunidad para corregir problemas institucionales.
La restricción de visas anunciada por Estados Unidos y las desvinculaciones administrativas no equivalen, por sí mismas, a una condena penal. Las eventuales responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
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