Con el objetivo de lograr la paz y reconciliación en el país y garantizar juicios de responsabilidades imparciales e independientes, la agrupación política Comunidad Ciudadana (CC) propone al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria firmar un acuerdo para cambiar al fiscal general del Estado y a los fiscales departamentales a través del mecanismo de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un plazo no mayor de 90 días, y una reforma constitucional para garantizar la independencia del Órgano Judicial.
El representante de CC, Carlos Mesa, dijo que esta propuesta está en el marco de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo informe se conoció la anterior semana.
Si bien en Gobierno no dio una respuesta oficial a la propuesta de CC, el presidente Luis Arce dijo ayer en un acto público que “la única manera de reparar y pacificar el país es con la aplicación de la justicia a la brevedad posible”, en alusión al juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por las muertes de Sacaba y Senkata.
En tanto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo que una eventual reforma a la administración de la justicia en el país demandará al menos cinco años.
La propuesta
“Hoy, corresponde a las fuerzas políticas que representamos la voluntad popular reconstituir al Órgano Judicial y la Fiscalía para garantizar que los hechos luctuosos que merecen una investigación y una sanción sean juzgados en el marco del debido proceso y la garantía de una justicia imparcial, oportuna y libre de la injerencia partidaria. Es imperativo hacerlo para evitar que la estéril polarización de hoy nos conduzca mañana al caos, el enfrentamiento y la violencia”, argumentó Mesa.
El cambio del fiscal general que propone Mesa se haría a través de un mecanismo legal, por las omisiones, retardos y uso arbitrario de tipos penales, identificados en el informe del GIEI. Dicho procedimiento se llevará a cabo en un plazo máximo de 90 días.
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Otra reforma es la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, estableciendo que tanto el fiscal general como los departamentales serán designados por dos tercios de votos de la ALP, previo concurso público de méritos, que será evaluado por un Comité Ciudadano compuesto por representantes de las organizaciones más importantes de la Sociedad Civil.
Finalmente, reforma constitucional para modificar el sistema de elección de los magistrados del Órgano Judicial que debe garantizar la independencia e idoneidad de la cabeza del Órgano Judicial e implementarse antes de la fecha prevista para la próxima elección judicial de 2023.
Respuesta
Para presidente del Senado, los 90 días que propone Mesa para el cambio de fiscales no es suficiente. “Esto requiere mucho tiempo, 90 días es imposible. Esta justicia que heredamos se viene desde la creación de la república, necesitamos trabajar de manera muy seria, por lo menos en un plazo de cuatro a cinco años pero de manera muy responsable y seria trabajar”, dijo.
Rodríguez destacó la iniciativa de Mesa por la pacificación y reconciliación del país, aunque recordó que toda propuesta debe estar en la marco de la justicia social y no se puede dejar “desapercibido” todo lo que pasó en noviembre de 2019.
Para una reforma en la administración de justicia, tienen que estar involucrados las universidades y otras instituciones, mencionó Rodríguez.
El diputado del MAS Juanito Angulo indicó que la propuesta planteada por Mesa tiene carácter político y busca impunidad para los responsables de los hechos violentos de 2019.
Recomiendan cumplir con mandatos del GIEI
Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hiciera 36 recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia, el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia manifestó que se debe cumplir con al menos siete obligaciones, que van desde el resarcimiento de daños a las víctimas de los hechos ocurridos entre 1 de septiembre 31 de diciembre de 2019, así como el de que la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) deben eliminar el término de confidencialidad.
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Entrevistado por el portal informativo Urgente.bo, el además exministro de Justicia manifestó que también se debe derogar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento por el terrorismo que son usados por los administradores de justicia y los gobernantes para realizar una persecución política.
“Lo que nos ha dicho el GIEI es que la justicia no funciona en Bolivia, no es creíble y que no hay sentencia en un proceso justo. Por lo tanto, hay que llevara ahí ciertos mecanismos y medidas inmediatas”, indicó.
Adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales, y revisar la práctica de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales, dice el informe de la GIEI.
También, la figura de la detención preventiva debe ser corregida en el Código de Procedimiento Penal, “debe ser una medida excepcional”, subrayó Goitia.
Otra de las obligaciones que debe cumplir el Estado boliviano en el marco de lo dispuesto por el GIEI, es del derogar el Decreto de Amnistía.
Los Tiempos
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