El presidente Rodrigo Paz reúne —en su habitual reunión de gabinete de los lunes— a sus ministros y al equipo jurídico para evaluar dos frentes. Por una parte, las posibles acciones legales por el caso Fernando Cerimedo y las protestas contra el Decreto Supremo 5676, que fijó un precio diferenciado para grandes consumidores de diésel.
“El equipo jurídico del Gobierno está analizando nuestras acciones, sin tener definiciones en todos los temas aún”, informó más temprano a EL DEBER el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.
Cerimedo, consultor argentino que asesoró a Paz, cumple 180 días de detención preventiva en Palmasola como presunto autor intelectual del intento de feminicidio contra Nadia Beller. La Fiscalía de La Paz también lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Esta causa es independiente y aún no se hizo pública una imputación formal en su contra.
El segundo frente es el rechazo al DS 5676, que elevó a Bs 18 el litro de diésel para grandes consumidores y mantuvo en Bs 9,80 el precio para los demás usuarios. El Ejecutivo afirma que busca frenar el contrabando y mejorar el abastecimiento, pero las filas persisten y los productores alertan que el alza puede trasladarse a los alimentos.
Productores de San Juan y Yapacaní dieron 24 horas para abrogar la norma, mientras representantes de cuatro provincias del norte cruceño fijaron un plazo de 48 horas. Si no reciben respuesta, anunciaron nuevas medidas desde este martes.
La Cámara Agropecuaria del Oriente convocó para el jueves 27, en Warnes, a un congreso extraordinario. El único punto será exigir la abrogación del decreto. Su presidente, Klaus Frerking, lo calificó de discriminatorio.
El diputado de Libre Edgar Zegarra advirtió que el Gobierno está “sentado sobre una bomba de tiempo” y reclamó diálogo con todos los sectores para evitar que el conflicto se agrave.
El Deber
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