El conflicto entre trabajadores del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca y la administración de Recursos Humanos tomó una nueva dimensión. Mientras la dirigencia sindical acusa al jefe de Recursos Humanos, Julio César Uribe, de actuar de manera “prepotente, abusiva y autoritaria”, y de incumplir las normas que protegen a los trabajadores, la autoridad sostiene que las medidas adoptadas forman parte de una reestructuración destinada a recuperar la rectoría institucional y corregir, según afirma, numerosas irregularidades acumuladas durante los últimos años.
El reclamo de los trabajadores se concentra inicialmente en los movimientos de personal y en la desvinculación de funcionarios. El ejecutivo del sindicato de Sedes Central, Walter Quispe, aseguró que las rotaciones se realizaron sin el consenso que, según los dirigentes, establece la normativa sectorial. Ante esta situación, los trabajadores realizaron asambleas y emitieron un primer voto resolutivo en el que pidieron la destitución de Uribe.
La dirigencia también cuestionó la desvinculación de una trabajadora con alrededor de 20 años de antigüedad y mantenida que no existirían antecedentes disciplinarios que justifiquen su alejamiento. Según los trabajadores, ambos casos conocidos no registrarían memorandos de llamada de atención y, por el contrario, contarían con evaluaciones favorables.
El sindicato sostiene además que el Decreto Supremo 28909 establece que la destitución o alejamiento de los trabajadores debe estar precedida por un proceso administrativo. Desde esa perspectiva, consideremos que las decisiones adoptadas vulnerarían sus derechos laborales. Los dirigentes incluso atribuyen los movimientos a un supuesto “manoseo político partidario” y advierten que se estaría desplazando a funcionarios con experiencia y años de servicio.
V igilia y respuesta del Sedes
Los trabajadores instalaron el pasado viernes una vigilia frente al edificio central del Sedes y aclararon que, inicialmente, no se trataba de un paro ni una huelga. Sin embargo, Uribe calificó la medida como un “paro ilegal” y expresó su preocupación por la interrupción de la atención en oficinas donde existe alta afluencia de usuarios.
La versión de Recursos Humanos introduce, sin embargo, otro componente al conflicto. Uribe señaló que maneja seis casos relacionados con desvinculaciones y rotaciones: uno de desvinculación y dos de rotación, mientras que los restantes estarían vinculados, según su denuncia, con presuntos hechos de corrupción que serán expuestos este lunes en una reunión prevista con el gobernador, la Central Obrera Departamental y los dirigentes sindicales.
Respecto de la trabajadora desvinculada, Uribe argumentó que se trataba de un ítem de libre designación y que el objetivo de la administración es modificar determinadas nomenclaturas para trasladar personal hacia los establecimientos de salud. Aseguró que el edificio central presenta una concentración excesiva de personal administrativo y que se trabaja en una reestructuración que podría implicar el traslado de unas 70 personas a hospitales.
El jefe de Recursos Humanos también afirmó que existen auxiliares de enfermería destinados a tareas administrativas y que algunos artículos que deben cubrir necesidades hospitalarias fueron utilizados para otros cargos. Según su explicación, la intención es redistribuir esos recursos humanos hacia los establecimientos que requieren personal operativo.
Casos de incompatibilidad
Pero las revelaciones de Uribe van más allá del actual conflicto laboral. El funcionario afirmó haber identificado alrededor de 200 casos de presuntas incompatibilidades y mencionó 64 casos que, según su versión, involucrarían a dirigentes sindicales con familiares trabajando en la institución. También habló de aproximadamente 10 auxiliares de enfermería que estarían desempeñando funciones administrativas y cuestionó salarios que, a su criterio, no guardarían relación con la formación o las funciones de algunos trabajadores.
Entre los ejemplos mencionados remuneraciones superiores a los 6.000, 8.000 y 10.000 bolivianos para personas que, según dijo, tendrían formación básica o cumplirían funciones que no corresponderían a esas escalas salariales. Uribe explicó que se habrían producido cambios de nomenclatura sin una reducción proporcional de los salarios, situación que la administración pretende revisar.
Asimismo, afirmó que existen aproximadamente 25 casos de trabajadores institucionalizados respecto de los cuales se habría observado documentación relacionada con el servicio militar y unos 30 casos en los que se investigaron certificados de conocimiento de quechua presuntamente irregulares. Estas afirmaciones, según Uribe, serán respaldadas con documentación y algunas medidas a los procedimientos correspondientes.
La autoridad aclaró que no todos los trabajadores señalados serán despedidos y que quienes cuenten con estabilidad por institucionalización serán respetados. En los casos donde existan indicios de nepotismo u otras irregularidades, se sostuvo que corresponde iniciar procesos administrativos y, si se confirman responsabilidades, derivar los antecedentes a instancias como la Contraloría y el Ministerio Público.
Así, el conflicto enfrenta dos discursos que deberán ser contrastados con la normativa y la documentación. Los trabajadores exigen que se respeten la antigüedad, experiencia, estabilidad y procedimientos administrativos, mientras Recursos Humanos plantean una reorganización del Sedes y denuncian presuntas prácticas irregulares que, de comprobarse, podrían comprometer a funcionarios y dirigentes.
REUNIÓN DE HOY
Para este lunes se anunció una reunión entre autoridades del Sedes, la Central Obrera Departamental y dirigentes sindicales para abordar este conflicto.
Correo del Sur
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