“Hoy haría exactamente lo que hice hace dos años: organizar y participar en protestas pacíficas. Defender nuestro derecho al voto y a elecciones justas y libres es algo que siempre valdrá la pena”, dice Jhanisse Vaca Daza, una de las protagonistas de las protestas de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Se cumplen dos años de la “revolución de las pititas” que durante 21 días movilizó a ciudadanos contra los indicios de fraude en las elecciones del 20-O. Pero ¿qué pasó con los líderes de ese movimiento? Algunos están en la política; otros enfrentan procesos desde la cárcel y pocos continúan en el activismo. La unidad se ha diluido en división.
Para la analista María Teresa Zegada el conflicto que estalló tras las elecciones de 2019 resultó de un malestar generalizado con antecedentes en el irrespeto al resultado del referéndum del 21F de 2016, que dijo no a la cuarta repostulación de Morales.
“Al mínimo indicio de que los datos podrían ser manipulados o confiscados, la población expresó su malestar en las calles y con las consecuencias de movilizaciones y fuerzas que no estaban programadas”, afirma Zegada.
El detonante
A las 19:40 del 20 de octubre de 2019, se detuvo el TREP cuando daba una inminente segunda vuelta entre Carlos Mesa (CC) y Evo Morales (MAS). La transmisión de resultados preliminares se reinició a las 20:00 del día siguiente con una diferencia de 10 puntos a favor de Morales.
Ese lunes 21 comenzaron las protestas que se avivaron con denuncia de hallazgos de boletas de sufragio en casas particulares de varias ciudades. Por la noche se quemaron cuatro TED.
El 22 de noviembre comenzó en Santa Cruz el paro cívico indefinido. Ese miércoles los vecinos se volcaron a las rotondas y se convocaron a cabildos a los pies del Cristo. Poco a poco, las protestas fueron creciendo en otras ciudades.
En La Paz, cientos de jóvenes con banderas en mano protestaban en el ex Hotel Radisson, donde estaba instalado el conteo oficial de votos. En todo el país se armaron vigilias ante los TED y se registraban movilizaciones.
El 24 de octubre, ocho de nueve departamentos acataban el paro. Ese día Evo Morales, sin saberlo, bautizó al movimiento. “Ahora dos, tres personas amarrando pititas quieren hacer paro. ¿Qué paro es ese? Soy capaz de dar talleres, seminarios de cómo se hacen marchas”, dijo. Días después iba a presentar su renuncia en medio una convulsión social generalizada.
Los cívicos
En la crisis, renacieron los liderazgos cívicos. Allí estaban Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, presidentes del Comité Pro Santa Cruz y del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), respectivamente. El 10 de noviembre ingresaron al Palacio Quemado con RolandoVillena.
No fue de extrañar que semanas después, cuando se instaló el gobierno transitorio, ambos renunciasen a sus cargos cívicos para postularse a los comicios con la agrupación Creemos.
Camacho, miembro de una familia de tradición empresarial, fue elegido como candidato presidencial y el cívico Pumari fue su compañero de fórmula.
Quedaron en tercer lugar en las elecciones de 2020 con el 13,97% de los votos, pero la derrota no apagó los afanes políticos de Camacho. Se presentó a las subnacionales de 2021 y ganó la Gobernación de Santa Cruz, cargo que ahora desempeña.
A principios de octubre fue citado por la Fiscalía para que declare por el caso “golpe” por el que está acusado con su padre.
Después de su derrota en las urnas, Pumari se alejó de política, pero es un detractor del oficialismo. También es investigado por el caso “golpe” y utiliza el Twitter para emitir sus criterios.
Los activistas
Vaca se hizo conocida internacionalmente luego de dar un discurso sobre la posición ciudadana ante la OEA, en diciembre de 2019. “La democracia, la libertad, la justicia en Bolivia las defendimos con carne y hueso, las defendimos con sudor y lágrimas en las calles”, declaró.
En la actualidad, Vaca continúa en el activismo a través de la fundación Ríos de pie. “Ahora tenemos un enfoque mucho más fuerte en temas de medio ambiente. También continuamos trabajando con organizaciones de derechos humanos a nivel internacional”, dice.
La Paz, de la protesta al fuego
Desde que el ingeniero en sistemas Édgar Villegas, junto a un equipo de informáticos, detectó irregularidades en el cómputo oficial -a fines de octubre de 2019- su vida cambió.
Ganó notoriedad pública y fue víctima de amenazas y hostigamientos. Ahora trata de continuar su vida. “Intento apoyar como activista, pero no desde la política. He retomado mi vida con mucho miedo”, asegura.
El entonces rector de la UMSA, Waldo Albarracín, fue parte del Conade, que organizó la movilización en La Paz. Sufrió ataques en las movilizaciones y tras la renuncia de Evo, quemaron su casa. Las amenazas no cesaron para el ex defensor del Pueblo. Tras su renuncia a la candidatura a la Alcaldía paceña, decidió abandonar el país por seguridad.
El también exdefensor del Pueblo Rolando Villena, quien fue parte del Conade, falleció el 23 de enero pasado por complicaciones a causa de la Covid-19, que también causó la muerte de su esposa ese mismo mes.
Motos y bazucas en la Llajta
En Cochabamba surgieron grupos para resistir a las fuerzas del MAS que junto a la Policía arremetían contra los manifestantes. Así nació la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), un grupo de jóvenes en motocicletas que utilizaban armas caseras, como bazucas. Sus acciones fueron criticadas por la violencia.
Sus líderes enfrentan juicios penales. El primero en ser procesado fue Yassir Molina y le siguió Marco Antonio Bascopé, ambos cumplen detención preventiva acusados de los destrozos a la infraestructura de la Fiscalía General. Milena Soto también es procesada por el mismo delito y guarda detención domiciliaria.
Soto, en declaraciones a Página Siete, aseguró que la RJC está desarticulada debido a la persecución del gobierno del MAS, que ganó las elecciones de 2020.
Muchos otros líderes “pititas” se destacaron en la lucha de los 21 días. “Fue un movimiento ciudadano; los héroes fueron los jóvenes y los ancianos. Aún me emociono cuando escucho el “¿quién se cansa, quién se rinde?”, dice una excívica.
Es activista y cofundadora de Ríos de pie. En diciembre de 2019 participó en la sesión extraordinaria de la OEA y cuestionó a los países miembros su inacción ante los incendios de la Chiquitania y el fraude electoral. Un programa de la Unión Europea la nombró “embajadora de la paz. Rechazó ofertas laborales en instituciones públicas y continúa en el activismo con énfasis ambiental.
Es una de las fundadoras de la Resistencia Juvenil Cochala. Después de su liderazgo en la RJC fue invitada para las elecciones 2020, primero por Luis Fernando Camacho y luego por Jeanine Añez, aunque no llegó a participar de los comicios. Fue funcionaria en Migración de Cochabamba en 2020 y actualmente cumple detención domiciliaria acusada de los destrozos a la infraestructura de la Fiscalía General.
Fue vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista y en 2019 fue elegido presidente del Comité Pro Santa Cruz. Durante la crisis de 2019, dio un ultimátum a Evo Morales para que renunciara a la presidencia. Se presentó como candidato presidencial en las elecciones 2020 y quedó en tercer lugar. Actualmente es gobernador de Santa Cruz después de ganar en urnas. Es uno de los acusados en el caso “golpe”.
Desde 2014 y hasta enero de 2020 fue vicepresidente y presidente de la Comcipo. Encabezó las movilizaciones de 2019 y tras renunciar al liderazgo cívico acompañó a Luis Fernando Camacho como candidato a vicepresidente junto a Creemos. Es uno de los procesados en el caso “golpe”. Mantiene un perfil bajo en los medios y expresa sus criterios políticos a través del Twitter.
Fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y defensor del Pueblo. Durante la crisis de 2019 era rector de la UMSA y miembro del Conade. Tras la renuncia de Evo Morales, su vivienda fue quemada por grupos vandálicos del MAS y no cesaron los ataques. Después de renunciar a su candidatura a la Alcaldía de La Paz, en enero, dejó el país por su seguridad y la de su familia.
Jhanisse Vaca Daza, Ríos de pie
Edgar Villegas, informático
“La oposición es relegada y la resistencia desarticulada”
“Lejos de unificarse la resistencia se ha desarticulado. En los últimos meses vemos una oposición que apenas tiene presencia en la Asamblea y a nivel de gobiernos locales, pero como fuerza nacional no tiene protagonismo. Plataformas y activistas también han perdido mucha fuerza. Hoy intentan volver a las calles, pero ya no son los mismos”, afirma la analista María Teresa Zegada.
Considera que las movilizaciones de 2019 valieron la pena, pese que el MAS retornó al poder tras ganar las elecciones generales de 2020. “Las luchas sociales siempre valen la pena porque lejos de los resultados hay un proceso de acumulación, de aprendizaje, de participación, de compromiso con la sociedad que fue muy importantes en aquel momento. Sectores urbanos que nunca habían formado parte del activismo social de pronto se vieron involucrados”.
Para la analista, los hechos de 2019 determinaron cambios. “A nivel político se produjo una crisis que duró un año. Las elecciones reacomodaron las piezas del tablero. Se logró recuperar la institucionalidad electoral, pero las fracturas sociales, económicas estructurales del país persisten. Hoy vemos una Bolivia dividida entre el oriente y el occidente, con grandes índices de desigualdad y agravamiento de la pobreza y con sectores sociales enfrentados por razones socioculturales”, dice.
La representante del Conade en Cochabamba, Lizeth Beramendi, quien participó de las movilizaciones de 2019, halla aprendizajes positivos y negativos de la lucha social de hace dos años. Considera que hubo una unificación del pueblo boliviano que denunciaba fraude electoral y pedía la renuncia de Evo Morales, pero lamentablemente – evalúa- confiaron en la “vieja clase política”, lo que debilitó la demanda social y determinó que el MAS regrese al poder mediante las urna.
“Los políticos nos han traicionado y rifado su oportunidad. Actuaron igual o peor que el MAS”, protesta Beramendi.
Página Siete
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