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Jaume Segura, embajador de la UE: “Para que haya verdadera democracia las instituciones deben ser fuertes y al servicio del ciudadano”

24 noviembre, 2024
En ÚLTIMAS NOTICIAS, POLÍTICA

El nuevo embajador de la Unión  Europea (UE), Jaume Segura, visitó EL DEBER. Tras una conversación protocolar con el cuerpo directivo aceptó esta entrevista.

 

 ¿Cómo puede resumir el apoyo de la UE para enfrentar los incendios y en el marco de la agenda ambiental?

Para la Unión Europea el tema del cambio climático es central, no es simplemente una defensa del medioambiente. Si no conseguimos reducir las emisiones y bajar la temperatura por debajo de dos grados, las consecuencias van a ser tan graves que la humanidad, como la conocemos, podría desaparecer. El ejemplo es el de los incendios en Bolivia, hubo entre 10 y 11 millones de hectáreas calcinadas solo en el año 2024. Eso equivale a todo el bosque que hay en Alemania.

Entonces, no basta con la ayuda que pudimos enviar. Mandamos bomberos y cooperación que es algo muy puntual. Hay que trabajar en la prevención, porque ya es una tendencia de muchos años y nos preocupa que en 2025 se repita.

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 ¿Será el foco de la ayuda?

Es primordial apoyar a Bolivia en la contención de la deforestación. Queremos apoyar especialmente a las comunidades indígenas y las pequeñas comunidades a que puedan vivir de los recursos del bosque, como lo han hecho toda la vida y para eso se ayudará técnicamente; creemos que es la vía.

Tenemos un proyecto con Suecia que contempla a la sociedad civil que determinan dónde tendríamos que poner nuestro apoyo. No lo decidimos nosotros, es la comunidad a la que se va alcanzar. Precisamente se anunció un fondo para la reforestación, pero también con la participación de los empresarios, porque aquí hay una fuerte incidencia de la actividad agropecuaria y hay industrias que han influido en los incendios.

 ¿Cómo participarán los empresarios de la agroindustria?

No sirve buscar culpables, porque es un tema nacional, regional, y mundial. El sector privado es el primer afectado y consciente del impacto y sabe que la solución requiere el esfuerzo de todos juntos, los poderes públicos, el sector privado y la sociedad civil. Lo que podemos hacer, desde la cooperación internacional, es acompañar estos esfuerzos. A nosotros nos preocupa muchísimo la deforestación del mundo en general y queremos acompañar a países como Bolivia para que puedan cumplir sus compromisos en materia de lo que se conoce en la jerga internacional de los objetivos nacionales determinados, porque hemos demostrado en Europa que se pueden reducir las emisiones, que se puede parar la deforestación, que se puede hacer una transición energética y digital que transforme el modelo productivo. Sé que aquí se habla mucho del modelo productivo de Santa Cruz y me he reunido con empresarios, me he reunido con organizaciones empresariales y creo que son muy conscientes de la necesidad de adaptar este modelo que se considera tan exitoso a la nueva realidad del cambio climático. Eso requiere, como digo, un consenso, unas políticas públicas en las que participen y se beneficie a toda la población.

 Entendemos que acaba de visitar al Fiscal General. ¿Va a seguir respaldando el programa de la institucionalidad democrática del país y la justicia?

Sí. Junto con el cambio climático, otro de nuestros ejes de cooperación y de apoyo es a la institucionalidad. De hecho, la Unión Europea se caracteriza por ser la institucionalidad, por ser una unión de 27 Estados donde la columna vertebral son las instituciones comunes.

Y nosotros estamos firmemente convencidos de que, para que haya una verdadera democracia, una democracia inclusiva, una democracia eficiente, las instituciones tienen que ser fuertes al servicio del ciudadano; no fuertes que se impongan, sino que resuelvan problemas de los ciudadanos, provean servicios que se demandan.

En este sentido, somos firmes creyentes de la separación de poderes y de la independencia judicial; por tanto, venimos desde hace años apoyando el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto la parte judicial como la parte fiscal.

Estamos también convencidos de que no hay una verdadera democracia sin un Estado de derecho fuerte. Estado de derecho y democracia van de la mano, no se pueden separar y el elemento que los cohesiona son los derechos y libertades. Para ello, las instituciones tienen que funcionar y, por tanto, nosotros apoyamos a la formación de fiscales, la formación de jueces, la capacitación, la digitalización del sistema para que, verdaderamente, se avance hacia un sistema judicial independiente y eficaz.

 ¿Cómo ha visto este hecho de que los magistrados decidan unilateralmente seguir en sus cargos, en el entendido de que la cooperación de la UE colabora en este tema?

Ese es un tema más político que, como recién llegado, me cuesta todavía analizar, interpretar. Entiendo que es una problemática muy importante en el país, pero está relacionado con lo que le decía, sobre el Estado de derecho.

Otra cosa es que cada país sea libre y soberano de elegir la manera en que nombra a sus operadores de justicia, nosotros en eso no nos metemos. Lo que nos interesa es que el sistema funcione y que el ciudadano y la ciudadana, en este caso de Bolivia, tenga un acceso a la justicia donde pueda defender sus derechos y donde pueda, además, ser defendido por el posible ataque de los poderes públicos. Esa es la base de la libertad y los derechos fundamentales. Así que nosotros no tenemos una opinión, no somos tampoco un tribunal internacional, no somos jueces en el sentido de la palabra; solo nos interesa apoyar un Estado de derecho fuerte, sólido, porque la justicia no es solo quien está en la cabeza de un Órgano o quien es el fiscal general, sino que va desde lo más abajo hasta lo más arriba y nos interesa el funcionamiento de  la estructura y su capacidad.

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  Proyectando este razonamiento, tenemos en 2025 comicios, ¿la UE colaborará, habrá una observación electoral?

Una de nuestras voluntades es precisamente que todos los países gocen de una democracia transparente, efectiva e inclusiva y eso pasa por un proceso electoral abierto cuyo resultado final refleje verdaderamente la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas. Para ello venimos apoyando desde hace muchísimo tiempo el fortalecimiento de los órganos electorales, creemos que esto es fundamental.

En cuanto a su pregunta sobre si habrá una observación electoral, pues le digo que estamos dispuestos a desplegar una misión de observación electoral si así se nos pide, porque es fundamental que sea el Estado de Bolivia, a través de sus mecanismos constitucionales, los que nos pidan que haya una misión de observación electoral. Si nos lo pide estamos más que dispuestos a desplegarlo porque nuestro compromiso con la democracia boliviana es de larga data y aquí seguiremos si se nos necesita.

  ¿Y hay algún pedido para mejorar el padrón electoral?

No. En nuestro caso, nosotros no hemos trabajado con el tema del padrón electoral; hay otros cooperantes que sí, nosotros no; nosotros hemos apostado por fortalecer las capacidades de los órganos electorales y enfocarnos en lo que llamamos el ciclo electoral. No se resuelve todo el día de la elección; tenemos que trabajar para que, cada vez, sea un proceso más transparente y más inclusivo.

Le damos también mucha importancia a la participación política de aquellas partes de la sociedad que muchas veces no se sienten reflejadas en el sistema político; por ejemplo, de muchas mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTBI que no se encuentran discriminadas de la participación política. También nos enfocamos mucho en esos derechos.

  ¿La UE va a continuar con la ayuda antidroga, teniendo en cuenta que es el principal en ese ámbito y que terminó el periodo de ayuda de cinco años?

El tema de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es esencial para nosotros. Estamos viendo en el mundo entero cómo las redes del crimen organizado tienen un fuerte impacto en nuestros países; tanto aquí en Bolivia y en la región de Sudamérica como en Europa y son redes que, además, se mezclan con usuarios de narcotráfico y trata de personas, en la trata de niñas. Estamos muy preocupados de ver cómo, en muchos casos, estas redes actúan con cierta impunidad en el mundo entero.

En este sentido, seguimos comprometidos con la cooperación, tanto con el Gobierno, a través del fortalecimiento de las capacidades investigativas de la Policía, de la Fiscalía, la formación de los jueces, pero también a través del intercambio de información.

Las organizaciones internacionales tenemos muchísimo menos recursos que las redes criminales, ellos tienen muchísimo dinero muchísimos medios, armas de gran calibre y juegan con otras reglas. Utilizo un símil, es como jugar a cartas con alguien que hace trampas y tú no puedes hacer trampas porque tú respetas las leyes, las reglas, es muy difícil y solo se puede hacer a través de la cooperación.

Es en ese sentido que estamos trabajando con el gobierno de Bolivia, también en un campo que nos está dando resultados muy interesantes que es en el campo de la sustitución de cultivos de coca por otro tipo de cultivos alternativos, en concreto, café. Tenemos un proyecto exitoso en los Yungas.

  ¿Van a continuar con la financiación del monitoreo y la erradicación de coca?, cuándo saldrá el reporte de este año?

Me comentaron que debería haberse presentado ya; parece que hay algunos problemas técnicos, pero que esperamos que se presente pronto porque si no, no nos permite saber si la lucha contra el cultivo ilegal está teniendo éxito o no. Es un tema delicado con consecuencias políticas importantes también en algunas regiones y por tanto entiendo que se está buscando el mejor momento para hacerlo.

  ¿La preocupación sigue siendo que los cultivos de coca se mantengan en las 22.000 hectáreas, según la norma vigente?

El problema es el excedente. El año pasado estaban en 29.900 hectáreas, son muchísimas. Nos preocupa, en primer lugar, que siga creciendo y, en segundo lugar, que podamos centrarnos en reducir ese excedente y respetemos, como no puede ser de otra manera, que haya legalidad, pero sí que nos preocupa mucho a dónde llega esa reducción ilegal. No es porque llegue a Europa, de hecho según nuestros datos poca cocaína de origen boliviano llega a Europa. El problema es cómo eso contribuye a la expansión del crimen organizado.

Las redes de narcotraficantes son las mismas que las redes de trata de personas, por ejemplo, y lo que está pasando en Bolivia o en Perú o en Colombia tiene una repercusión inmediata en las ciudades europeas pero claro, somos conscientes de que nosotros no solo debemos trabajar sobre la oferta sino también sobre la demanda y vemos que ahí también hay un gran reto en Europa y en otros países para reducir el consumo de drogas, pero es una cadena, un círculo vicioso del que es difícil salir si no cooperamos entre todos.

  En algún momento el gobierno boliviano solicitó por ejemplo la cooperación de Europol, sobre todo para el intercambio de información ¿Se ha logrado ese acuerdo?

Estamos a punto de firmarlo. Está prácticamente finalizado el texto. Solo faltan algunos detalles técnicos.Será fundamentalmente de intercambio de información, de agilizar los procesos. Tenemos otro proyecto muy interesante, que es un proyecto regional, se llama Air Corp y está presente en el aeropuerto de Viru Viru.

 

EL DEBER

Etiquetas: BoliviademocraciaUE
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