La Fiscalía de Sucre solicitó la activación de una alerta migratoria contra cinco magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La medida pretende evitar que los denunciados abandonen Bolivia mientras se investigan posibles delitos de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres.
La denuncia fue presentada por las magistradas electas en 2024 Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca. Ambas aseguran que los magistrados —que fueron electos en 2017— prolongaron su mandato de forma irregular y cometieron acciones contrarias a la ley.
Según el documento presentado al Ministerio Público, los denunciados poseen pasaportes diplomáticos y recursos económicos que facilitarían una posible fuga del país.
Magistrados «autoprorrogados»
La solicitud se ampara en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, que permite aplicar restricciones cuando existe “peligro de fuga”. El argumento central es que los investigados posiblemente puedan evitar someterse al proceso penal si no se toman medidas inmediatas.
Los magistrados señalados son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo. Todos cumplieron su mandato constitucional el 31 de diciembre de 2023.
Alerta migratoria
Las denunciantes también pidieron que las notificaciones del caso se realicen mediante el sistema informático del Ministerio Público. Además, solicitaron copias simples y legalizadas del cuaderno de investigación para dar seguimiento al proceso penal. El domicilio procesal de las juristas se encuentra en la calle Ravelo Nro. 247, en Sucre.
Actualmente, hay un contexto marcado por críticas a autoridades judiciales y debates sobre la legitimidad de mandatos prorrogados. La decisión final sobre la alerta migratoria será evaluada por la Dirección General de Migración (Digemig), que deberá determinar si existen suficientes indicios para impedir la salida del país a los implicados.
Proceso
La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días la Fiscalía informe los avances del caso y las medidas que podrían adoptarse para garantizar el desarrollo del proceso penal.
SI bien hay duros cuestionamiento sobre los magistrados electos en 2017, éstos defendieron la legalidad de su continuidad.
La Razón
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