Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió su demanda de vulneración a sus derechos, el excívico cruceño Branko Marinkovic advirtió que, con ese paso, ciudadanos europeos podrán iniciar un juicio ante la Corte Penal Internacional (CPI) al expresidente Evo Morales y sus funcionarios que impulsaron el caso Terrorismo I.
Ayer martes se conoció que la CIDH admitió la demanda presentada por Marinkovic, en octubre de 2010, y determinó investigar la vulneración de derechos, como ser las garantías judiciales, el principio de legalidad y de retroactividad, el derecho a la honra y de la dignidad, el derecho a la propiedad privada y la protección judicial en los casos Terrorismo I y II.
«Al haber un precedente jurídico de que una corte internacional admitió la demanda, se podrán iniciar procesos especialmente en Europa, porque eran ciudadanos europeos (los implicados) que podrán iniciarle procesos penales en la Corte Penal Internacional al señor Evo Morales y a sus ministros que participaron en esto», afirmó Marinkovic luego de conocer la decisión de la CIDH.
En su demanda ante la CIDH, Marinkovic señaló que el Estado inició una persecución mediática y judicial en su contra, luego de «acusarlo por razones políticas de conformar una presunta célula terrorista en Bolivia». Alegó que las autoridades buscaron privarlo de su libertad y restringieron sus derechos patrimoniales mediante distintas medidas cautelares, las cuales se sustentaron en pruebas manipuladas por funcionarios públicos.
En criterio de Marinkovic, en esos procesos judiciales investigados se cometieron delitos penales, debido a que hubo ejecuciones extrajudiciales a extranjeros.
El caso Terrorismo I fue abierto en abril de 2009, tras la intervención policial armada al hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, donde murieron Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano, y Michael Martin Dwyer, irlandés; mientras que fueron aprehendidos Mario Tadic, boliviano-croata, y Elod Tóásó, húngaro, todos ellos acusados de formar una célula separatista en Bolivia.
En 2014, el exfiscal Marcelo Soza, quien llevó adelante las investigaciones del caso Terrorismo I, se fue a Brasil y reveló al Consejo Nacional de Refugiado (Conare) de ese país, donde está en calidad de refugiado, que ese proceso fue preparado por el gobierno de Morales y que la coordinación estuvo a cargo de Luis Clavijo, Raúl García Linera y Carlos Núñez del Prado.
En junio de 2020, la Justicia emitió una resolución con la que ejecutorió la sentencia absolutoria a favor de los acusados y cerró el caso Terrorismo I.
Marinkovic dijo a radio Panamericana que ahora prevé que se lleve a cabo un juicio contra el Estado Boliviano en Costa Rica, sede de la CIDH, para el tema de compensaciones. Acotó que este proceso durará entre uno a dos años. Señaló que las actuales autoridades y las exautoridades del gobierno de Morales deberán responder en este litigio.
Entre 2018 y 2020, la CIDH también admitió demandas de Elöd Tóásó, Mario Tadic y Zvonko Matkovic en contra del Estado boliviano por la vulneración de sus derechos en el caso Terrorismo I.
Marinkovic sostuvo que tenía información en sentido de que el Gobierno iba a ofrecer un proceso de conciliación del Estado boliviano con esas víctimas. «Creo que el intento de conciliación que hizo el Estado con estas personas es específicamente para eso (evitar un juicio penal), porque en el momento que hay una sentencia de la CIDH, podrán llevar a juicio a Evo Morales, Alfredo Rada, Sacha Llorenti y los jueces, fiscales y policías que fueron parte de este asalto que hubo en el hotel Las Américas», advirtió.
El excívico cruceño afirmó que, a diferencia de los gobiernos dictatoriales, ahora los responsables de ejecuciones extrajudiciales son policías, jueces y fiscales, además de exautoridades gubernamentales, que deberán ser sometidas a un juicio.
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