La Fiscalía debía presentar el 28 de enero la acusación formal contra el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por las irregularidades en la compra de 41 ambulancia; pero solicitó un plazo que puede prolongarse por más de seis meses. El caso estalló a inicios del año pasado.
Las juristas Magaly Castro y Gabriela Quintana López, quienes forman parte de la comisión de fiscales que investiga este caso desde hace más de un año, solicitaron al juez de la causa la ampliación de las investigaciones contra Ricardo R.S, y de ese modo postergar la acusación.
“Es, aparentemente, un funcionario de la Gobernación, pero su nombre no figura en ningún obrado anterior y se ve una intención de dilatar el tema para que nos cansemos, para que la gente se canse y olvide del caso”, afirmó el asambleísta Jaime Flores a EL DEBER.
El legislador departamental, junto a la diputada Lissa Claros (CC) y Roxana Grass, dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), activó el caso en 2002 tras revelarse la compra de 41 ambulancias, una para cada municipio de la región, a proveedores del “mercado gris”.
La autoridad está bajo arresto domiciliario, sin escolta y con la libertad de trabajo durante el día. La medida cautelar intentó ser desactivada en diciembre, pero luego fue repuesta.
El Gobernador de Potosí pertenece a las filas del MAS y está siendo investigado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las función pública y uso indebido de influencias.
Tras la solicitud, el juez Omar Cardozo, segundo de instrucción penal, avaló el inicio de pesquisas contra el nuevo imputado, que aún no fue imputado. “Esto va a demandar más de seis meses, se vencerán otros plazos y el gobernador será favorecido”, dijo Flores.
Javier Mondocorre, ejecutivo de la federación de campesinos de Potosí Tupac Katari, cuestionó la decisión de la justicia “porque hace quedar muy mal al Gobierno y al MAS”, pero admitió que hay otros sectores que respaldan a Mamani.
“Pero nuestras organizaciones de base, en los municipios están molestos con la justicia, porque la justicia está favoreciendo al que tiene más peso, más poder. No sabemos en quien confiar y esto le hace quedar muy mal al hermano presidente Lucho (Arce)”, afirmó.
Mamani le compró a Stelfals Logistics, una empresa de reciente creación, 41 ambulancias por un monto de Bs 20,5 millones, un monto que intentó pagar antes del vencimiento del año fiscal 2021 pese a que las ambulancias no habían llegado al país. Por eso el caso se llamó “ambulancias fantasmas”.
Mamani defendió, en un primer momento, el acuerdo con la empresa; pero luego tuvo que rescindir el contrato. A pesar de eso, los vehículos llegaron a Iquique y están en dependencias de empresarios pakistaníes que trabajan con los llamados “mercados grises”.
Esta semana, la Gobernación de Potosí reasignó los Bs 180 millones que, en principio, estaban destinados para la compra de ambulancias. En su lugar serán utilizados para la construcción de centros de salud en los 41 municipios potosinos.
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Mamani precisó que estos fondos, al no haberse ejecutado, serán reasignados a los municipios para la construcción de centros de salud, por un monto de Bs 161 millones. Remarcó que esta inversión proviene de la fallida compra de ambulancias, proceso por el que guarda arresto domiciliario.
“Esta asignación es posible porque la Gobernación no pagó ni un solo centavo por este frustrado proceso de compra”, hizo notar Mamani, que indicó ser el principal interesado en que el caso sea esclarecido.
El Deber
