La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró “inadmisible” la denuncia interpuesta por la exministra Mirtha Quevedo, en el último gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en contra del Estado boliviano por persecución política y violación de las garantías judiciales.
La Procuraduría General del Estado informó de la decisión asumida por el organismo internacional sobre el caso planteado por la exministra Quevedo, quien abandonó Bolivia tras los hechos de violencia y muerte de octubre de 2003, donde las fuerzas militares mataron a más de 70 personas y dejaron cientos de heridos de bala.
“Determinó que el Estado boliviano no vulneró los derechos humanos de Quevedo Acalinovic”, informó la Procuraduría en un comunicado.
La exministra se encuentra entre las autoridades que firmaron el decreto 27.209 que dio paso a las acciones militares que terminaron en la masacre de octubre de 2003 o en lo que se llegó a denominar “Guerra del Gas”.
En la denuncia alegó persecución política y violación de las garantías judiciales ante la CIDH, “instancia internacional que concluyó que su salida del país (a Perú) impidió el agotamiento de la jurisdicción interna, y que su ausencia provocó la suspensión del juicio penal en su contra”.
Además, “respecto al juicio coactivo fiscal, la CIDH tampoco identificó violaciones a las garantías o derechos previstos en la Convención Americana, recordando que Mirtha Quevedo Acalinovic gozó del derecho de impugnar las decisiones y ejercer ampliamente su defensa”.
Sánchez de Lozada fue identificado como el principal autor de los hechos de violencia de octubre de 2003. La crisis social lo obligó a renunciar a la presidencia y refugiarse en Estado Unidos, donde, sin embargo, familiares de las víctimas de octubre lograron ganar un juicio civil y una indemnización.
Fuente: ABI
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