El Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto determinó anular obrados del proceso instaurado contra Jeanine Áñez y otros acusados por la masacre de Senkata e instruyó la remisión de los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, para la tramitación de un juicio de responsabilidades o de privilegio.
David Inca, activistas y representante de las víctimas de la masacre de Senkata, cuestionó la decisión del juez David Kasa e informó que en la audiencia “los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas se las deja en indefensión…, la impunidad ganó con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia…”.
En la audiencia virtual de este martes, el juez Kasa dispuso la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo y su remisión, junto a los documentos presentados en la demanda, a la Fiscalía General del Estado, para el trámite de juicio de responsabilidades contra Áñez, quien tomó el poder el 2019 tras la violencia y dimisión de Evo Morales.
“Debiendo la autoridad jurisdiccional remitir (obrados) inmediatamente ante la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia a efectos de que el presente proceso se tramite conforme ley 044, numeral 3 (de juicio de responsabilidades)”, informó el juez en la audiencia virtual con presencia de Áñez y otros procesados.
La masacre de Senkata ocurrió el 19 de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron una protesta vecinal que impedía el abastecimiento de combustibles por el cerco a la planta de hidrocarburos ubicada en esta zona de El Alto en rechazo a la toma del gobierno. La violencia dejó 10 muertos por impactos de baja y decenas heridos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó lo ocurrido y estableció que se trató de una masacre, por lo que demandó una investigación y sanción a los responsables.
Inca cuestionó la decisión judicial y la vinculó a la reciente instrucción del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de verificar el cumplimiento de plazos legales en las medidas cautelares de detención preventiva contra Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
Camacho y Pumari son procesados por los hechos de violencia que derivaron en la dimisión de Morales en 2019. La revisión de sus detenciones preventivas se hace en audiencia, en respuesta al instructivo del TSJ, instaurada la tarde del lunes y declarada en cuarto intermedio hasta este martes.
Fuente: ABI
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