Ahoradigital — Damarys Mercado denunció a los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Yazmín Guizada y Henry Balderrama por una presunta estafa de Bs 48.000, dinero que, según su relato, habría entregado bajo la promesa de acceder a cargos y espacios en instituciones públicas.
Mercado afirmó que durante la campaña electoral brindó apoyo al Gobierno y que posteriormente comenzó a entregar diferentes sumas de dinero a los legisladores y al asesor Francisco Suárez Arteaga, con la expectativa de conseguir un puesto dentro de la administración pública.
Según la denunciante, entre las ofertas estaba un cargo en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). También aseguró que Balderrama le habría ofrecido una jefatura en una institución pública.
Mercado sostuvo que parte del dinero fue entregado directamente a Guizada. “Entregué Bs 7.000 a la diputada Guizada en sus manos”, afirmó. Asimismo, señaló que en otra oportunidad entregó otros Bs 21.000.
La denunciante indicó que, sumando los recursos entregados por ella y otras personas, el monto alcanzaría aproximadamente los Bs 48.000. Explicó que el dinero habría sido solicitado con distintos argumentos, entre ellos gastos relacionados con viajes y gestiones para acceder a cargos públicos.
“Dimos dinero a los diputados Guizada y Balderrama, nos estafaron”, manifestó Mercado, quien ahora exige la devolución de los recursos entregados.
De acuerdo con su versión, el asesor Francisco Suárez Arteaga habría comenzado a devolver parte del dinero, mientras que los dos legisladores no habrían respondido favorablemente a sus solicitudes de devolución.
Mercado afirmó que la situación le generó problemas económicos y obligaciones financieras. “Me cansé de esperar. Debo al banco y quiero que me devuelvan mi plata”, expresó.
La denunciante también manifestó preocupación por su situación personal y pidió que las autoridades correspondientes atiendan su denuncia y establezcan responsabilidades. Las acusaciones deberán ser investigadas y será la instancia competente la que determine si existieron delitos y quiénes serían responsables.
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