Luego de ser descubierta la compra irregular de medios de comunicación por parte de particulares con recursos prestados por Venezuela a Bolivia, el diputado por Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos manifestó que el Gobierno debe apurar una normativa o decreto que permita tomar posesión de los que considera activos del Estado boliviano, e iniciar demandas contra las ex autoridades responsables de estos manejos irresponsables.
Barrientos señaló que conforme a la Constitución, todos los recursos que llegan al país mediante préstamos o donaciones se convierten en activos estatales. Por lo tanto, si estos recursos se usaron para la compra de medios de comunicación corresponde que se los considere de propiedad del Estado boliviano.
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“Cualquier recurso económico que llegue vía donación, o venga vía créditos al país, se constituye en recursos públicos. Se han utilizado recursos públicos para la adquisición de algunos medios de comunicación por lo tanto estos llegan a ser activos del Estado” manifestó el parlamentario.
Sugirió que el Gobierno nacional apure la elaboración de una normativa o mediante un Decreto Supremo se pueda hacer que los medios de comunicación adquiridos por irregularmente por particulares con recursos estatales pasen a ser considerados bienes nacionales en plenitud.
“Lo que tendría que hacer el órgano Ejecutivo es trabajar rápidamente en una norma, que puede ser un decreto supremo, para tomar posesión de estos bienes que son del Estado”, refirió Barrientos.
Agregó que acompañando estas normativas, deben iniciarse demandas al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana ya a todas las personas que sirvieron de palos blancos para que se cometan estas irregularidades en contra de la economía nacional y con claras intenciones de manipular la opinión pública a favor del Movimiento al Socialismo.
Un informe emitido por la unidad de investigaciones financieras determino que la compra de los medios de comunicación ATB y La Razón se produjo con recursos económicos provenientes de un préstamo venezolano al país, y esos recursos transferidos a cuentas de particulares para pagar dichas adquisiciones.
El Diario
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