Eduardo Chávez, un periodista despedido recientemente de La Razón, reveló que un jefe de redacción de ese diario le confió que, durante el gobierno anterior, se consultaban los titulares de portada al Ministerio de Comunicación. También mencionó que un gerente construyó un galpón en más de un millón de bolivianos de sobreprecio y que se ejercían malos tratos contra el personal.
“(Gracias a mi alejamiento de La Razón) ya no escucharé cosas como que las que me comentó uno de los exjefes –casi a manera de confesión, cuando coincidimos en el aeropuerto cruceño– que tras dejar el cargo sintió el alivio de ya no tener que reportar los titulares de la tapa del periódico al Ministerio de Comunicación para que dé luz verde a su publicación”, dice Chávez en un extenso artículo publicado en Brújula Digital.
Aunque era conocida desde hace años la vinculación de La Razón con el gobierno del MAS, esta es la primera referencia pública a que el Ministerio de Comunicación de esa administración revisaba los titulares de portada. Ese diario mantuvo una línea editorial afín al MAS durante años y era controlado editorialmente por el exvicepresidente Álvaro García Linera.
Chávez denunció también malos tratos de algunos gerentes y de los jefes de redacción. “Dejaré de hacer esfuerzos para evitar ser calificado de ‘cojudo’ o ‘gran puta’ por otro de los elegidos para conducir la redacción, quien usaba esas expresiones cuando se incumplía el horario o no estaba de acuerdo con alguno de sus colegas”, afirma el periodista, que trabajó en total durante 24 años en ese diario y que fue despedido junto a casi un centenar más en el mes de julio pasado.
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La Razón, según diversas fuentes, era controlado por el gobierno anterior y recibía ingentes cantidades de recursos mediante publicidad estatal. El dueño del mismo, el empresario chavista venezolano Carlos Gill, admitió en una entrevista con Carlos Valverde que su diario recibió casi 2,3 millones de dólares anuales de publicidad estatal entre 2016 y 2019, el monto más alto para cualquier diario del país. Se cree que en una década recibió unos 20 millones de dólares de recursos públicos.
Pese a esos ingentes recursos, ese rotativo está en una situación de cuasi quiera y ha despedido o forzado a renunciar a 150 de sus trabajadores, alrededor de la mitad de la planta.
La llegada de Gill como dueño del diario, dice el texto del periodista, tampoco fue informada de manera transparente. “El cambio de propietario empezó mal por la falta de transparencia, pues el nombre del dueño era el secreto mejor guardado en el galpón de Auquisamaña, pero a la vez era el más comentado en círculos periodísticos y políticos, y ante la pregunta para confirmar o rechazar versiones las respuestas oscilaban entre el silencio y la ambigüedad” afirma Chávez.
Finalmente, dice, “surgió el nombre del empresario Carlos Gill, un dentista que fue presentado como un millonario venezolano con raíces paraguayas que tenía inversiones en varios países de la región”. Chávez es un destacado periodista que tuvo varios cargos en La Razón, incluido ser editor de diferentes secciones.
Según una investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Gill compró el diario en 2008, en realidad, mediante préstamos o donaciones provenientes de Venezuela, que terminaron en manos de privados, como él y el propietario de ATB, Marcelo Hurtado, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro.
Los ejecutivos del diario han señalado que es la pandemia del coronavirus la que ha colocado a La Razón en la crítica situación financiera, pero ello es rechazado por Chávez.
“No fue el coronavirus el que desencadenó la crisis que se refleja en renuncias bajo los términos de la empresa (“desvinculaciones”) y en la masacre blanca vía Zoom. El problema en La Razón es el resultado de la mala gestión no solo gerencial, sino también periodística y de relaciones humanas”, agrega el periodista.
En ese sentido, Chávez cuenta que uno de los exgerentes anunció “sin rubor” que en una nueva construcción emprendida por La Razón “se detectó un sobreprecio de un millón de bolivianos”.
Y se pregunta: “para que eso sucediera, “¿cuánto habrán facturado los responsables de la obra? Nunca se habló de un proceso para recuperar ese dinero”. La obra, además, según denunció el sindicato del periódico, tenía un problema estructural y presentaba rajaduras y ondulaciones en el piso.
Sobre la directora, Claudia Benavente, Chávez cuenta que al presentarse dijo: No había pasado un minuto para que la directora lanzara la frase ‘el que sabe, sabe, y el que no sabe es directora’ (…). El tiempo convirtió esa expresión coloquial en el axioma jurídico que reza: ‘a confesión de parte relevo de prueba’”.
Agrega que “en su intento de derrochar simpatía, la directora no dudaba de hacer referencias chespirianas o papirrianas incluso en reuniones formales, tras las cuales ejecutivos, empresarios y hasta diplomáticos preguntaban, con una dosis de ironía, si esos eran los referentes intelectuales necesarios a la cabeza de un periódico”.
“Esto puede ser anecdótico”, agrega, “pero demuestra que el Chavo, el Chapulín y la metafísica popular pueden servir, pero no son suficientes para dirigir un periódico. Sin embargo, fiel a esas corrientes de pensamiento, la directora aplicó la política de ‘los que quieren irse, bienvenidos’”.
Chávez hace un crudo análisis final de la situación: “de ser el periódico más influyente del país y referente en el contexto internacional, ahora La Razón está desmantelado, languideciendo”.
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