Gary Prado, abogado defensor de las personas afectadas dentro del Caso Rosza, opinó, en contacto con Página Siete, que el presidente Luis Arce no enjuiciará a exautoridades del gobierno de su antecesor Evo Morales, debido a que existe un “pacto de impunidad” entre ellos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en diciembre de 2021, en el que señala que existió la orden desde el gobierno de Morales de ejecutar a cinco personas, de un grupo presuntamente armado, en el Hotel Las Américas.
Dicha instancia dio cuatro recomendaciones, entre ellas, enviar a exautoridades de dicho gobierno a un juicio de corte, para evitar que el Estado boliviano sea denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
P7: ¿Cómo ve la determinación tomada por la CIDH, con respecto al caso Rosza, que se encuentra a puertas de la Corte IDH?
GP: Esta es la primera petición, la única que es colectiva, porque son cinco personas las que han incoado (iniciado) esta petición a la CIDH más de 10 años después, porque es de 2010 y recién en 2021 ha adquirido la calidad de un informe de fondo que concluye con las recomendaciones al Estado boliviano.
Digo que es la primera, porque después vienen varias otras (peticiones) ya individuales, de distintas personas que también fueron parte de este proceso y que fueron sometidas prácticamente a las mismas violaciones de sus derechos humanos.
Vale decir que es probable que en el futuro mediato, cuando toque ir a un proceso judicial ante la Corte IDH contra el Estado boliviano, se acumulen las causas, porque son los mismos hechos y por un tema de economía procesal.
Entonces, el Estado boliviano se va a ver en la necesidad de responder por estas violaciones a los derechos humanos de las personas. Puede que ya no sea en el gobierno del presidente Luis Arce, pero efectivamente, el Estado va a tener que responder.
La Comisión ha encontrado que es absolutamente probable que se han cometido estas violaciones y que las mismas han sido ordenadas desde el Gobierno, entonces eso hace responsables penalmente a las personas que ordenaron eso.
El Estado Boliviano es el responsable de las violaciones a los derechos humanos, pero las personas que han tenido responsabilidad penal en esto, son quienes integraban ese gobierno. Entonces se puede nombrar al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y a los exministros de Gobierno, como (Alfredo) Rada, (Sacha) Llorenti, (Wilfredo) Chávez, (Hugo) Móldiz, porque el Ministerio de Gobierno fungía como querellante particular.
(También) el exfiscal Marcelo Soza, los fiscales que sostuvieron la acusación durante los 10 años que duró esta tramoya y los jueces cautelares que violentaron la ley para favorecer los pedidos del Gobierno.
El Estado boliviano ha recibido una recomendación de procesar a las personas responsables de las violaciones, pero quien tiene que llevar adelante este proceso es Wilfredo Chávez, el procurador, pero él ha sido uno de los responsables, porque fue ministro de Gobierno y además es abogado personal del expresidente Evo Morales. Entonces, Wilfredo Chávez debe salir de la Procuraduría, porque no es una persona que conduzca esto porque es parte, tiene un interés particular en esto.
P7: ¿Cómo debe proceder Luis Arce? ¿Someterá a juicio de corte a alguna exautoridad?
GP: No creo que lo haga, porque obviamente tienen un pacto de impunidad entre ellos. Pero se arriesga a ser después procesado por encubrir, porque el que conoce de la comisión de un delito, que se le recomienda que juzgue porque hay probabilidad de comisión de un delito y no actúa, se está convirtiendo en un encubridor.
Entonces, el presidente Arce debe medir muy bien sus pasos. Evo Morales, cuando ordenó el ilegal operativo en el Hotel Las Américas, no ha debido pensar en las consecuencias jurídicas y personales para él, que iban a venir 12 años después, cuando esto sea sometido a juicio y el Estado tenga que reparar los daños que ha causado.
Lo que el Estado pague por los daños causados a estas personas, está en la obligación, porque así lo manda la Constitución. Toda la lista que le he nombrado y algunos otros, sus patrimonios, se van a ver afectados porque el Estado les va a cobrar lo que hayan pagado las personas víctimas de esas violaciones, además de las responsabilidades penales.
Entonces, quien actúa pensando que es absolutamente poderoso, debe saber que eso es cierto, que uno puede ser tremendamente poderoso, pero nadie es eternamente impune, entonces esas consecuencias hay que medirlas, y ojalá las mida el presidente Arce.
P7: ¿Otro presidente puede iniciar esta causa?
GP: Ojalá (ríe un poco), ojalá. Porque más o menos los plazos para iniciar estos juicios son esos, dos, tres años, para que inicie un juicio en la Corte IDH.
P7: Entonces ¿no es inmediato?
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GP: El Estado podría actuar de inmediato, porque estamos en etapa de asumir las recomendaciones de la Comisión, que lo que ha hecho es recomendar. Y hay una etapa de conciliación de las partes y el Estado. Si eso no se da, la Comisión se convierte en una especie de fiscal y va a acusar al Estado boliviano ante la Corte IDH.
Entonces, ahí las recomendaciones se convierten en acusaciones y la sentencia tiene carácter vinculante y a eso no se le puede desobedecer.
P7: ¿Qué le corresponde hacer a las personas afectadas y la defensa?
GP: Habiendo concluido la etapa de fondo, hay la posibilidad de conciliar. A través de su defensa, pueden conciliar con el Estado, las reparaciones de los daños, el procesamiento de las personas, etc.
Es una etapa que no tiene un plazo, pero que también puede llegar a cerrarse porque las partes no están de acuerdo con conciliar, y de ahí, prepararse para el juicio.
Página Siete
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