Asambleístas de oposición advirtieron este martes que la participación de cuatro militares infiltrados en la marcha de médicos, el jueves de la semana pasada, es una prueba “gravísima” de “terrorismo de Estado” en contra del gobierno de Luis Arce, por lo que anunciaron que presentarán las demandas respectivas ante instancias nacionales e internacionales.
Ayer lunes, el abogado Jorge Valda, defensor de tres activistas detenidos preventivamente por esa marcha, y la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), denunciaron que hubo efectivos del Ejército Boliviano infiltrados en la marcha que convocó el sector médico. Por esa movilización hubo ocho arrestados, de los que cinco fueron liberados (entre ellos los cuatro militares) y tres fueron imputados y enviados a la cárcel.
Según Valda, los infiltrados fueron cuatro efectivos de las Fuerzas Armadas, tres subtenientes de Infantería y un sargento del Ejército Boliviano, los mismos que fueron liberados la tarde del viernes. En la audiencia de acción de libertad del lunes, el jurista identificó a los militares como: Óscar Sánchez Céspedes, Hugo Herrera Mercado, Hugo Barcaya Mamani y Luis Alfredo Lero Condori, de quienes presentó las declaraciones juradas que presentaron ante la Contraloría General del Estado.
“A ellos (los cuatro militares) los liberan porque había un contubernio, y en ese contubernio está incluida Inteligencia de las Fuerzas Armadas”, advirtió Valda.
Tras conocer este caso, Requena aseguró que “es terrorismo de Estado, totalmente. No hay duda. Mandan a Inteligencia de los militares, los infiltran en la marcha, o sea, estas son tácticas ya de terrorismo de Estado, de los peores gobiernos despóticos de la región, son las prácticas que han denunciado en las dictadoras de Argentina y Chile y obviamente ocurren ahora en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es gravísimo”.
Por su lado, la senadora Centa Rek, jefe de bancada de la alianza Creemos, sostuvo que con este hecho se observa el empleo de estrategias que son propias de las dictaduras, debido a que intentan criminalizar la manifestación de protesta o de reclamo que tiene la ciudadanía, a través de la generación de una serie de distorsiones con este tipo de infiltraciones.
“Es el empleo de personal del Ejército de manera premeditada, no causal, porque los infiltran dentro de las plataformas como encargadas de generar una acción para que los tomen preso, generan ambiente y clima como para que busquen que activistas sean aprehendidos. De cualquier manera, esto es delictivo, es una acción de terrorismo de Estado”, sostuvo Rek.
Terrorismo de Estado
El concepto básico de terrorismo de Estado hace referencia a la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos.
Los constitucionalistas Marco Baldivieso, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, y Williams Bascopé advirtieron que la legislación boliviana no contempla un delito específico de “terrorismo de Estado”.
Baldivieso sostuvo que “es difícil” procesar por esa figura porque el ordenamiento jurídico boliviano no lo tipifica de manera directa y concreta. Acotó que sólo está reconocido el delito de “terrorismo”. Indicó que, en este caso, se pueden abrir procesos por detención ilegal y arbitraria, tortura o desaparición forzada, entre otros, que hacen parte a la figura de terrorismo de Estado.
En ese sentido, identificó otros casos que pueden ser identificados como terrorismo de Estado, como el ataque judicial al presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, por la muerte de su padre hace un año, o a autoridades subnacionales por juicios antiguos, frente a la impunidad en otras denuncias, incluso en flagrancia, contra oficialistas.
Una opción que dejó abierta Baldivieso es la presentación de una demanda, por este caso, ante la Corte Penal Internacional.
Bascopé desahució la instalación de un proceso en el ámbito nacional, debido a que consideró que Bolivia ingresó a una etapa “fascista sindical” y dejó el Estado constitucional de derecho porque la ciudadanía ya no tiene dónde quejarse, debido a que la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otras instancias judiciales están “cooptadas” por el MAS.
En ese sentido Bascopé señaló que el MAS busca la “confrontación para desterrar los postulados de la democracia”, lo que hace que se llegue a un Estado “fascista sindical”.
Por ese motivo, sostuvo que las denuncias tendrían que estar encaminadas ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Como antecedentes, para casos de terrorismo de Estado, hizo mención a procesos instaurados en la justicia internacional en contra de gobiernos dictatoriales que fueron parte del Plan Cóndor, en la década de los 70.
Alistan demandas
Tanto Requena como Rek informaron que sus respectivas bancadas reúnen los elementos para analizar y plantear demandas en la justicia nacional e internacional.
No dejaron de lado la posibilidad de solicitar informes orales o escritos a las autoridades respectivas, para que expliquen sobre la participación de militares en las marchas.
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Requena incluso no descartó una interpelación al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para que dé una posición ante la Asamblea Legislativa.
Tomado de Brújula Digital
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