Ahoradigital. La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) presentó este jueves al presidente Rodrigo Paz una agenda de seis temas que, según los alcaldes, permitirían enfrentar la crisis económica y fortalecer las finanzas de los gobiernos municipales.
La propuesta fue entregada durante la reunión entre el Gobierno nacional y representantes de los municipios. El presidente de la FAM-Bolivia, Jhonny Torrez, explicó que el primer planteamiento es establecer una nueva distribución de recursos y responsabilidades entre el Gobierno central, gobernaciones y municipios, bajo el esquema denominado “50-50”.
Torrez pidió que esta redistribución sea incorporada al Presupuesto General del Estado 2027 y señaló que permitiría a los municipios contar con mayores recursos y capacidad de acceso al crédito.
El segundo pedido es la devolución del 12% de los recursos municipales que fueron destinados durante anteriores gobiernos a la exploración petrolera. Los alcaldes sostienen que esos recursos deben retornar, aunque sea de manera gradual, para atender las necesidades contempladas en sus presupuestos.
Como tercer punto, los municipios plantean la derogación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores (GRACOS).
El cuarto pedido está relacionado con el endeudamiento municipal. La FAM propone refinanciar las deudas y ampliar los plazos de pago, de manera que las alcaldías puedan reducir el peso de sus cuotas y liberar recursos para educación, salud e infraestructura.
El quinto punto plantea devolver al nivel central varias competencias que, según los municipios, fueron trasladadas a las alcaldías durante los últimos años sin el financiamiento suficiente. Entre ellas mencionaron programas como Nutri Mamá, Nutri Bebé, desayuno escolar, Carmelo y el bono para personas con discapacidad.
Finalmente, la FAM-Bolivia propone crear un fondo social de emergencia destinado principalmente a generar empleos para trabajadores no calificados. Torrez planteó que este mecanismo permita ejecutar obras con mayor cantidad de mano de obra y menor utilización de maquinaria y diésel.
De manera complementaria, los alcaldes solicitaron que los recursos de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 3.500 millones, aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, puedan ser destinados de forma directa a obras en las regiones para generar fuentes de empleo.
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