El Gobierno nacional y la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM-Bolivia) alcanzaron este jueves acuerdos para atender dos de las principales demandas planteadas por los gobiernos municipales: el refinanciamiento de sus deudas con entidades estatales y la restitución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El presidente de la FAM-Bolivia, Johnny Torres, informó que todos los municipios del país podrán solicitar reuniones con las entidades del Estado para renegociar sus obligaciones, entre ellas la Caja Nacional de Salud, la Gestora y otras instituciones del sistema nacional.
El segundo acuerdo establece que el 12% del IDH que actualmente es debitado a los municipios será incorporado a sus presupuestos a partir del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027. Torres recordó que esta retención se aplica desde 2016 y señaló que su restitución permitirá fortalecer los recursos disponibles para las administraciones municipales.
La reunión se desarrolló en La Paz entre el presidente Rodrigo Paz y representantes de la FAM-Bolivia, en el marco de las demandas municipales vinculadas a una mayor disponibilidad de recursos y a la redistribución de responsabilidades entre los distintos niveles de Gobierno.
Sin embargo, otros puntos planteados por los alcaldes todavía no fueron cerrados. Entre ellos está la propuesta del denominado 50/50, que busca modificar la distribución de recursos y responsabilidades tomando en cuenta las competencias que actualmente deben asumir los gobiernos municipales.
Torres explicó que este tema será tratado en mesas técnicas de diálogo y concertación con el Gobierno. “Hay competencias que los gobiernos municipales asumimos y que definitivamente vienen impuestas por ley”, señaló.
Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, confirmó que se busca dar celeridad al debate sobre el 50/50 y que una primera etapa podría reflejarse en el PGE 2027.
El presidente Paz, por su parte, señaló que el encuentro permitió avanzar en la llamada Agenda 50/50, con mesas técnicas destinadas a definir un equilibrio entre responsabilidades, capacidades y recursos, bajo criterios de corresponsabilidad fiscal y sostenibilidad.
Los acuerdos alcanzados representan un primer avance en la negociación entre el Gobierno y los municipios, aunque la discusión sobre el nuevo esquema de distribución de recursos y competencias continuará en las próximas mesas de trabajo.
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