El expresidente Evo Morales exigió este martes que el Ministerio de Justicia reabra el proceso por el denominado “caso terrorismo”, relacionado a los hechos registrados en el país durante 2009.
Mediante su cuenta en Twitter, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) insta a que se garantice una “sanción ejemplar”, contra los involucrados, en lugar de tratar de beneficiar a “golpistas y separatistas”.
“El Ministerio de Justicia confirma que el proceso Terrorismo Separatista fue «archivado arbitrariamente» por el gobierno de facto. Corresponde que ese ministerio denuncie ese hecho y reabra el caso para lograr una sanción ejemplar a los que atentaron contra la unidad de la Patria”, posteó.
La reacción del exmandatario tiene lugar luego de conocerse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que su Gobierno cometió ejecuciones extrajudiciales y torturas. Asimismo, violó la Convención Americana, porque convirtió la detención preventiva en punitiva, sin respetar la presunción de inocencia o el derecho a la defensa.
La madrugada del 16 de abril de 2009, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en sus habitaciones disparando sus armas de fuego. Como consecuencia, Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer resultaron muertos; Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
“Atentar contra la integridad de Bolivia merece la pena máxima y es delito de traición a la Patria que no prescribe. Además de eso, el proceso ya tiene sentencias ejecutoriadas de separatistas confesos. Confiamos que esta vez no tratarán de beneficiar a golpistas y separatistas”, agregó Evo.
En septiembre de 2020, la administración de Jeanine Áñez decidió dejar de ser denunciante en el proceso y retiró la acusación. A la par de eso, los jueces renunciaron y dejaron paralizado el proceso que llevaba más de 10 años de investigación.
Respecto al informe de la CIDH, el Ministerio de Justicia dijo que el caso “se encuentra bajo reserva y confidencialidad”, razón por la que el Gobierno de Luis Arce “no puede emitir ningún criterio”.
El Deber
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