El proceso penal que investiga el fraude electoral denunciado en 2019 consta de 300 pruebas. Pese a ello, el expresidente Evo Morales y varios dirigentes del MAS exigieron que se levante la demanda y se dejen sin efecto todas las medidas cautelares en contra de los implicados. La Fiscalía Departamental de La Paz dijo que continuará con el proceso.
La victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 18 de octubre provocó que varios líderes del partido intensifiquen su postura de que en 2019 no hubo fraude. Una de estas personas es el exmandatario, que pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) retirar la denuncia, declaró en Radio Kawsachun Coca.
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“Aprovecho esta oportunidad, espero que su equipo de comunicación comunique al presidente del TSE y a todo el equipo: mañana mismo deben… levanten esa demanda por fraude. ¡Qué fraude!”, protestó Morales.
El exmandatario también se refirió a la expresidenta del TSE María Eugenia Choque. Alegó que se trata de un proceso fundado en la discriminación. “Su delito es haber sido aymara, indígena y la primera mujer de pollera presidenta del TSE”, dijo el líder masista.
Exigió también la inmediata liberación de todas las personas acusadas de haber participado en la comisión de delitos electorales.
“Y a todos los que están detenidos, que liberen, que levanten (las acusaciones), que tengan un poquito de ética. Ellos se creen notables; respetamos su conocimiento, su formación. El pueblo ha dicho que no hubo fraude, la mejor prueba sobre el llamado fraude es estos resultados. ¡Qué fraude!”, dijo Morales.
Comunidad Ciudadana (CC) y el TSE denunciaron a los exvocales del Órgano Electoral y al anterior Gobierno por gestar un fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019. La Fiscalía pidió una ampliación de plazo para seguir recabando pruebas; días atrás, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó que existen más de 300 actuados legales que fundamentan la denuncia por lo que considera a esta ampliación como una intención de dilación de la Fiscalía.
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La autoridad manifestó que en casi un año de iniciada la investigación se cuenta con elementos de prueba para sostener que el MAS incurrió en manipulación informática y rompió la cadena de custodia de las actas para modificar el resultado de la pasada elección.
“Lamento que, está más que evidente, que hay una decisión política de la Fiscalía General de dilatar porque esta documentación, más de 300 actuados, exigen una ampliación en contra de ciudadanos, exfuncionarios y legisladores que han sido parte del fraude”, declaró al canal estatal.
Entre las pruebas están los informes de especialistas informáticos con detalles de las irregularidades halladas en el conteo de votos. Además del documento de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señala “manipulación dolosa” en los resultados de la votación; lo que llevó a su anulación en medio de conflictos sociales y la renuncia de Morales.
El exprocurador José María Cabrera también dijo en su momento que se tienen los elementos para dar por finalizada la fase investigativa.
Ante estos hechos, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, aseguró este lunes que la investigación del caso “fraude electoral I” está en marcha y “no se va a detener el proceso”.
Según el abogado constitucionalista César Cabrera, el pedido de Morales no es racional, pues se debe seguir un procedimiento jurídico para condenar o absolver a los imputados. En tanto, las instancias denunciantes deben enmarcarse en su rol institucional, indicó.
“Los procesos judiciales concluyen sólo de las maneras previstas en el ordenamiento jurídico; es decir, dictando una sentencia que condene o absuelva. Éstos son delitos de orden público que el Ministerio Público debe seguir hasta que terminen”, manifestó.
Asimismo, observó que, por el bien de la independencia de los poderes, enmarcada en la Constitución Política del Estado (CEP), se debe permitir a la justicia hacer su trabajo sin ninguna forma de injerencia del Gobierno saliente ni el entrante.
En este caso son investigados el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y varios exministros, entre ellos, Héctor Arce y Juan Ramón Quinta, quienes están asilados en la residencia de la embajada de México en Bolivia.
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Hace unos días, el abogado de Arce señaló que su defendido podía salir libremente, luego de que se dejara sin efecto la orden de aprehensión. Situación similar ocurrió con el exmandatario, que ya no cuenta con mandamiento de apremio en su contra, en este caso por la denuncia por presunto terrorismo.
El fiscal Cossío afirmó que la resolución de dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia Héctor Arce fue remitida en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Explicó que el Ministerio Público, en el marco del respeto a la legalidad y objetividad, se regirá en el procedimiento jurídico y obedecerá las decisiones constitucionales. La población boliviana se mantiene en vilo por este caso.
La expresidenta del TSE María Eugenia Choque, desde su encierro en la cárcel de Obrajes, aseguró que mantiene su postura y afirmó, en la misma línea de Evo Morales, que no hubo fraude electoral en los comicios de 2019.
Ministro Arias pide a la justicia ser independiente
Tras conocerse que el juez primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro, determinó anular la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia Héctor Arce, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, solicitó a la justicia ser independiente y emplazó al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) a demostrar un verdadero cambio.
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“La justicia sepa manejarse de manera autónoma porque si algo castigó al anterior Gobierno fue su manejo discrecional de la justicia y del poder Legislativo. La votación que ahora tiene el MAS no es para repetir lo de antes”, sostuvo Arias.
La autoridad recordó que informes de organismos internacionales demostraron que en 2019 hubo fraude en las elecciones de octubre, por lo que es negativo que los acusados sean liberados.
Senador del MAS pide a la OEA demostrar fraude
El senador electo del MAS, Félix Ajpi, anunció que la primera tarea que asumirá la nueva Asamblea Legislativa será exigir a la Organización de Estados Americanos (OEA) limpiar la imagen de Bolivia a nivel internacional por la “falsa denuncia” de fraude electoral en Bolivia de parte del secretario general, Luis Almagro.
Dijo que la OEA hizo creer que en octubre de 2019 hubo fraude electoral y el 18 de octubre de este año se ha demostrado lo contrario.
“Ahora tenemos que exigir a la OEA una aclaración fehaciente, limpie la imagen del Estado Plurinacional y de 11 millones de habitantes”, dijo a Erbol.
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Sostuvo que pedirán al Fiscal General acuda ante la OEA para pedir pruebas que hubo fraude; caso contrario, será un tema de agenda ante organismos internacionales.
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