La Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle el Proyecto de Ley 307/2022-2023 que establece procedimientos para la recalificación de más de 4.000 folios de víctimas de las dictaduras que fueron rechazados en el marco de la Ley 2640 de 2004 y que puedan acceder a un resarcimiento económico.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, quien participó de la sesión, explicó que el proyecto de ley se fundamenta en un acuerdo firmado por el Estado Plurinacional y las víctimas de violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales de 1964 a 1982, el 21 de agosto de 2022.
Uno de los compromisos de ese acuerdo es la presentación de una ley que establezca un procedimiento excepcional de revisión de la calificación de los casos.
Comités y organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos, y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recomendaron a Bolivia revisar los casos previamente rechazados o desestimados, de acuerdo con la Ley 2640.
En el primer artículo del proyecto de ley se establece la creación de la Comisión Interinstitucional de Revisión Extraordinaria de Calificación para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en periodos de gobiernos inconstitucionales.
Esta comisión estará conformada por los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional, de la Presidencia y de Salud y Deportes.
El proceso de revisión extraordinaria deberá completarse en un plazo máximo de 18 meses a partir de la recepción de los expedientes.
Además, se especifica que tres representantes designados por las asociaciones de víctimas de las dictaduras militares del período 1964-1982 participarán como veedores.
Lima saludó la aprobación de la norma y afirmó que saldará “una deuda histórica que tenemos como país con las víctimas de los procesos dictatoriales”.
El Ministerio de Justicia recordó, por su lado que, en cumplimiento al acuerdo establecido entre el Gobierno nacional y las víctimas de las dictaduras, el año 2022 se asignó Bs 99 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) para que 1.714 víctimas calificadas reciban el 80% del resarcimiento restante, proceso que se encuentra en marcha.
ABI
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