El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi denunció este jueves que el Estado mantiene una deuda de aproximadamente Bs 80 millones con la institución. La obligación corresponde a gastos de organización de la segunda vuelta de la Elección Presidencial 2025-2030, de octubre de este año.
La autoridad explicó a La Razón que esta deuda afecta directamente la capacidad operativa y administrativa del Órgano Electoral. Precisó que los recursos debían ser transferidos oportunamente para cubrir contratos, servicios y procesos técnicos vinculados al balotaje.
TSE
Detalló que la deuda acumulada genera retrasos y compromisos impagos dentro de la institución. “Una deuda de (aproximada) de Bs 80 millones respecto a la segunda vuelta de la última elección presidencial 2025-2030”, dijo.
Tahuichi insistió en que el financiamiento electoral no puede quedar pendiente después de un proceso nacional.
Como consecuencia, el órgano electoral acumuló deudas en áreas clave. “Como efecto, el TSE a la fecha tiene muchas deudas con los operadores del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), adquisiciones de bienes y provisión de servicios, entre otros”, lamentó el vocal.
Señaló que estas obligaciones pendientes comprometen la continuidad de proyectos tecnológicos y la planificación institucional.
Deuda
El martes, en conferencia de prensa, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el presupuesto para las elecciones subnacionales, fijadas por el TSE para el 22 de marzo de 2026, está garantizado.
Asimismo, aclaró que los Bs 80 millones adeudados al TSE son parte de una deuda “no declarada” de Bs 7.661 millones por parte de la administración del expresidente Luis Arce.
“Vamos a priorizar sobre ciertos pagos que necesitamos (hacer) para que los procesos como el electoral sea seguro. El presupuesto para las elecciones está garantizado”, dijo el 18 de noviembre en una publicación en redes sociales.
El vocal Tahuichi afirmó que se enviaron las cartas correspondientes para solicitar, cuanto antes, el pago de los recursos adeudados.
La Razón
Mira también
