La polémica en torno a los anteproyectos de ley contra el bloqueo de caminos empezó a subir de tono pues el diputado Carlos Alarcón (Unidad), proyectista de uno de los documentos, dijo que no retirará el anteproyecto y llamó a las personas a defender su propuesta y enviar el mismo a referéndum
“Quiero decirles que yo, a los que han pedido que se retire la ley antibloqueos, no la voy a retirar en lo que hace mi proyecto de ley, no sé qué harán con los otros proyectos de ley, pero yo no lo voy a retirar, y es más, convoco a todos los ciudadanos y a todas las instituciones empresariales, profesionales, que estamos cansados de los bloqueos a que vengan esas dos semanas de socialización”, lanzó el legislador.
El anteproyecto de Alarcón es uno de los más duros pues no solo propone procesar a los que lleven adelante los bloqueos, sino que su propuesta exime de responsabilidad penal a policías y militares que participen del desbloqueo de rutas, lo que significa que si hay fallecidos no serán imputables.
“Ya está de buen tamaño que sigamos siendo cautivos, prisioneros y rehenes de este ‘matonaje’ violento que utilizan en los bloqueos, que es un delito por la violencia para hacer valer las propias razones, afectando a millones de víctimas y para que Bolivia sea inviable, hay que cambiar la cultura del bloqueo por la cultura del progreso, del desarrollo”, defendió el proyectista.
Los diputados que conforman la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya adelantaron que los cuatro proyectos que tratan serán unificados, incluso con el que está en la Cámara de Senadores y salga un solo proyecto de Ley y en esa conjunción de proyectos se corregirá la propuesta de Alarcón.
Los otros tres proyectos proponen incrementar las penas por el bloqueo de caminos y plantean subir hasta 20 años de presidio por este tipo de hechos. El bloque mayoritario empezó a articular todos los votos que tienen para aprobar los proyectos en el pleno de los diputados.
Alarcón insistió en que una ley antibloqueo debe ir necesariamente a un referéndum y que sea todo el pueblo el que defina y de legitimidad a una ley de esa naturaleza. Todas las organizaciones de defensa de derechos ya expresaron su rechazo, mientras que los empresarios apoyaron estas iniciativas.
Fuente: EL Deber
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