La entrega de regalos a autoridades -que se “estilan” según usos y costumbres- no será punible, según el proyecto de Ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción, que fue aprobado la semana pasada en Diputados.
Una de las modificaciones al Código Penal que busca introducir el proyecto, impulsado por el Ejecutivo, es la relacionada con el delito “Beneficios en razón del cargo”, contemplado en el artículo 147 del Código Penal.
“No es punible la entrega de regalos a autoridades que según usos y costumbres o normas de protocolo se estilan”, señala parte del texto que busca introducirse en dicho artículo.
El texto vigente del artículo 147 del Código Penal, sobre el delito Beneficios en razón del cargo, no contempla la disposición sobre los obsequios según usos y costumbres.
Consultado al respecto, Carlos Alarcón, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, indicó a Página Siete: “La ley debería dar un concepto mucho más preciso, porque librarlo eso a los usos y costumbres es una indeterminación y una vaguedad del tipo penal que va contra el principio de legalidad”.
“El principio de legalidad -explicó Alarcón- exige que en materia penal haya una definición precisa, concreta, estricta de la conducta que es delito y de la que no es delito. Y en este caso, esa vaguedad, esa indeterminación deja pues en el limbo lo que está prohibido o lo que está permitido”.
Otra cuestión que llama la atención de la modificación que se busca de ese artículo es la relacionada con las penas. En texto vigente del artículo 147 del Código Penal, del delito Beneficios en razón del cargo, se prevé dos sanciones: privación de libertad (de tres a ocho años) y multa (de 100 a 250 días). En cambio, en la redacción del artículo modificatorio, del proyecto impulsado por el Gobierno, ya no figura la pena de privación de libertad, y sólo se señala que habrá una “multa sancionadora” de 251 a 400 días.
Alarcón indicó que la crítica principal que tiene CC es que no sólo en este tipo penal, Beneficios en razón del cargo, sino en ocho delitos “han rebajado las penas” de una manera totalmente innecesaria, apresurada y sin un consenso previo para que este proyecto de ley sea adecuadamente asimilado por el conjunto de la sociedad boliviana.
“En lugar de ser una ley anticorrupción, para nosotros es una ley de incentivo a la corrupción”, aseguró Alarcón, antes de añadir: “El mayor problema de esta ley no sólo es la rebaja de penas, sino que prácticamente están volviendo un negocio la corrupción hasta un millón de dólares, porque esa corrupción se ha vuelto negociable, transable, conciliable, a través de lo que llaman en la ley ‘justicia restaurativa’”.
Alarcón explicó lo siguiente al respecto: “Con esa justicia restaurativa se puede dejar de lado la acción penal, se extingue la acción penal. Entonces, ése es un incentivo directo a la corrupción, y genera un nuevo escenario de corrupción en las autoridades administrativas, fiscales y judiciales, que van a intervenir en ese programa de justicia restaurativa, donde ahí se va a generar corrupción para tapar la corrupción. O sea, vamos a empeorar el problema de la corrupción, porque quién va a definir adecuadamente si el daño al Estado llega hasta un millón de dólares o sobrepase el millón de dólares. Ahí se genera un escenario de discrecionalidad, de falta de transparencia”.
Página Siete
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