Un grupo de 10 ciudadanos bolivianos, cuya identidad se guarda en reserva, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra el expresidente Evo Morales y varias exautoridades por una serie de delitos de lesa humanidad entre los que sobresalen los ataques sistemáticos a la población civil por razones ideológico-políticas.
Alfonso M. Dorado, el abogado habilitado ante la CPI que representa a los denunciantes, conversó con el periódico Bolivia para explicar los alcances de esta denuncia que, de acuerdo con los procedimientos internacionales, está siendo analizada por la Fiscalía de La Haya.
«Nosotros consideramos que hay varios hechos que sí ameritarían ser considerados bajo el ángulo de lesa humanidad. No solamente fue el ataque generalizado de 2019, sino también hubieron otros ataques sistemáticos contra una población civil indefensa y por razones políticas e ideológicas y con total conocimiento de los autores», informó Dorado.
La denuncia contra Morales y exministros -presentada el 30 de noviembre de 2019 ante la Corte Penal Internacional- detalla hechos cometidos entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre del 2019, tras el presunto fraude electoral del 20 de octubre de ese año.
El 25 de febrero de 2020, la Fiscalía de la CPI instruyó un análisis jurídico de los acontecimientos, situación que los denunciantes aprovecharon para ampliar la denuncia por sucesos discontinuos y de carácter político durante el gobierno de Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La ampliación contempla hechos «criminales» ocurridos entre el 09 de junio del 2006 y el 20 de noviembre de 2019. Los casos que destacan son: Papelpampa (Oruro), Yungas de Vandiola, Posokoni (Huanuni, Potosi), Caso Urresti, represión a los discapacitados, Caso Hotel Las Américas, Chaparina, Panduro, Caso El Porvenir, el incendio de la Alcaldía de El Alto y otros.
PEQUEÑA VICTORIA
El jurista -en contacto desde Paris, Francia con el periódico Bolivia- calificó de «mini victoria» la decisión de la Fiscalía de La Haya de iniciar el análisis jurídico de hechos por considerar la existencia de base probatoria suficiente y elementos serios, susceptibles de abrir un Examen Preliminar y una investigación.
«Desde el punto de vista del procedimiento es una muy buena mini victoria en el procedimiento porque en pocos meses la Fiscalía de la CPI ha instruido ese estudio jurídico del caso porque amerita y hay seriedad», aseguró.
Según Dorado, la ampliación bajo el ángulo de crímenes de lesa humanidad permitirá volver a revisar cada caso y hecho que no fue judicializado en Bolivia y otros que fueron abandonados para intentar obtener justicia.
PROCESO Y PLAZOS
La Fiscalía de La Haya no establece plazos procesales y cada etapa del proceso podría durar meses, incluso años.
Por ejemplo, el caso de Venezuela que denunció hechos ocurrido en 2017 tardó 18 meses para abrirse el examen preliminar y no la investigación.
El abogado encargado del Caso Bolivia explicó que ampliar la denuncia implica recolectar más pruebas, buscar más víctimas y existe un riesgo de que el proceso demore en la Fiscalía antes de iniciar una investigación.
El caso se encuentra en la fase de análisis jurídico, luego corresponde un examen preliminar y si amerita prosigue una investigación de la Corte Penal de La Haya.
VICTIMAS Y OTRAS DENUNCIAS
Dorado explicó que en la etapa de análisis es preciso añadir más pruebas y testimonios. Como encargado del caso, habilitó un correo electrónico – pruebas.bolivia.cpi@protonmail.com – para que cualquier persona que se considere víctima de violencia física, psicológica o sistemática en los sucesos antes descritos puede enviar sus relatos que serán sistematizados y adjuntados a la denuncia inicial.
«Todas las personas que se consideren víctimas el 2019 y también de los demás van a poder hacerlo de un sitio web o correo mandando sus pruebas y filmaciones. Tenemos bastante y después haremos un trabajo de sistematización», señaló.
ABI
Mira también
Comentarios