La Aduana Nacional suspendió a varios funcionarios del Aeropuerto Internacional de Viru Viru presuntamente vinculados al denominado caso ´maletas´ y anunció que se constituirá como parte querellante dentro de la investigación penal que indaga un posible hecho de corrupción y tráfico de sustancias controladas. Sin embargo, uno de los implicados, el exfuncionario Álvaro Alejandro Barbery Guzmán, negó cualquier participación en los hechos y denunció vulneración de sus derechos e irregularidades en el procedimiento en su contra.
Mediante un boletín institucional, la Aduana informó la suspensión inmediata de cinco funcionarios y la presentación de una querella penal por el delito de incumplimiento de deberes, con el objetivo —según la entidad— de garantizar la transparencia de la investigación y evitar interferencias en el proceso penal.
El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, aseguró que la institución no encubrirá ningún hecho irregular. “No estamos ante simples errores administrativos, sino ante conductas criminales que deben recibir sanciones con todo el peso de la ley”, afirmó.
El caso se originó tras un allanamiento fiscal a un galpón dentro de una investigación por presunto tráfico de armas, donde posteriormente se hallaron sustancias controladas, lo que derivó en una segunda causa por narcotráfico. Según las pesquisas preliminares, la droga estaría vinculada con el ingreso irregular de 31 maletas (32 según registros policiales) por el aeropuerto de Viru Viru, el pasado 29 de noviembre de 2025, cuando la exlegisladora Laura Rojas llegó en un vuelo chárter proveniente de Miami, junto a un ciudadano uruguayo.
Versión de Barbery
Álvaro Alejandro Barbery, uno de los funcionarios suspendidos, rechazó públicamente las acusaciones y afirmó que no tuvo contacto alguno con las maletas ni con la exlegisladora.
“Yo me encontraba de turno, pero salí a comprar el almuerzo. Me ausenté aproximadamente 40 minutos porque fui hasta el séptimo anillo. No vi a la señora, no vi las maletas y al día siguiente, cuando ella las recogió, yo estaba asignado al área de salida, en el segundo piso”, explicó.
Barbery sostuvo que su salida del puesto fue coordinada con otros funcionarios, debido a que no había vuelos en ese momento. “Nos organizamos internamente. Nadie quiso comer el menú del aeropuerto y, como yo tenía vehículo, acordamos que salga a comprar comida. Eso fue lo que hice y luego retorné”, señaló.
Asimismo, aclaró que no era encargado de escáner ni responsable directo de la revisión de equipajes, por lo que se deslindó de responsabilidades sobre los controles a las maletas.
“Para ser encargado de escáner se necesita un memorándum de designación. En Aduana las funciones se sortean a diario. Ese día a mí me tocó divisas, no revisión de maletas”, afirmó.
Respecto al vuelo chárter, indicó que conocía de su llegada, pero aclaró que ese tipo de vuelos es frecuente. “Llegan vuelos médicos, hospitalarios. No era algo extraordinario”, dijo.
Defensa legal denuncia irregularidades
Por su parte, el abogado de Barbery, Joadel Bravo, denunció que su defendido fue sindicado y despedido sin haber sido sometido previamente a un proceso administrativo, como establece la normativa vigente.
“Mi cliente recibió un memorándum y fue retirado sin un proceso administrativo previo. La Aduana habla de una denuncia por incumplimiento de deberes, pero desconocemos formalmente esa querella”, sostuvo.
El jurista también cuestionó el accionar policial, señalando que efectivos ingresaron al domicilio de Barbery sin orden judicial ni citación previa.
“Había menores de edad y familia. Se les invitó a ingresar de manera voluntaria para coadyuvar con la investigación, pero se molestaron y amenazaron con traer un allanamiento. Eso vulnera garantías constitucionales”, denunció.
Bravo afirmó además que su defendido se desempeñaba originalmente como asesor jurídico en la Aduana Central, donde —según su versión— denunció hechos de corrupción vinculados a amparos constitucionales para la devolución de vehículos y mercadería de contrabando.
“Tras esas denuncias, como represalia, lo enviaron al aeropuerto”, aseguró.
El jurista negó que su defendido esté vinculado al denominado caso “maletas” y afirmó que la denuncia responde únicamente a su salida momentánea en horario de almuerzo. “No se puede criminalizar a un funcionario por ir a comprar comida después de un turno prolongado. Mi cliente está dispuesto a colaborar con la investigación, pero sin atropellos”, remarcó.
Pasadas las 19:00 efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron a la casa de Barbery para citarlo formalmente para que declare en calidad de investigado por el delito de incumplimiento de deberes, dentro de la investigación por el caso maletas.
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Mientras la Aduana reafirma su política de “tolerancia cero a la corrupción” y sostiene que se incumplió el Decreto Supremo 734, que obliga a revisar equipaje diplomático cuando excede el uso personal, la defensa de Barbery insiste en que se está buscando responsables administrativos sin pruebas directas.
La investigación penal continúa en manos del Ministerio Público, que deberá establecer responsabilidades y esclarecer si existieron omisiones, encubrimiento o irregularidades en el ingreso y posterior retiro de las maletas en el aeropuerto de Viru Viru.
El Deber
