La diputada Cecilia Huaynoca (Libre) informó este viernes que presentó una petición de informe oral dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, y al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades en la autorización y entrega de pasaportes diplomáticos.
La legisladora recordó que durante el gobierno de Evo Morales se aprobó el Decreto Supremo 1762, norma que —según dijo— fue creada con “intenciones oscuras”, porque amplía la entrega de pasaportes diplomáticos a una extensa lista de beneficiarios.
“Son más de 23 personalidades que pueden adquirir y ser beneficiarias de un pasaporte diplomático”, sostuvo.
Las declaraciones de Huaynoca se dan en el marco del denominado caso Maletas, luego de que la exdiputada Laura Rojas arribara al Aeropuerto Internacional de Viru Viru en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos con 32 maletas, cuyo contenido no fue revisado al haber presentado un pasaporte diplomático otorgado en su condición de legisladora.
La diputada advirtió que el acceso a este documento diplomático no se limita a diputados y senadores, sino que también alcanza a otras autoridades, como los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Agroambiental, además de ministros, viceministros y directores generales.
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Calificó esta situación como “preocupante y alarmante”, al cuestionar quiénes tuvieron acceso a pasaportes diplomáticos.
En ese contexto, informó que, en su calidad de diputada nacional, remitió solicitudes de informe al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Gobierno.
“Necesitamos saber a quiénes se ha extendido el pasaporte diplomático, porque detrás de este decreto supremo podrían haber ingresado al país miles de maletas”, afirmó.
La legisladora argumentó que el pedido se sustenta en la falta de claridad sobre si en esos equipajes se introdujeron divisas, drogas u otros elementos ilícitos.
“Se debe informar quiénes son los beneficiarios de estos pasaportes diplomáticos y cuál es su flujo migratorio”, exigió.
Asimismo, solicitó al director general de Migración un informe “real” sobre el ingreso y salida del país de autoridades y personalidades que cuentan con este documento.
Huaynoca indicó que también se pidió la elaboración de un proyecto de ley para derogar o modificar el Decreto Supremo 1762, al considerar que la investidura diplomática debe ser respetada por las instituciones, el Estado y el pueblo boliviano.
A su criterio, autoridades como los presidentes del TSJ, del Agroambiental e incluso directores generales no cuentan con la investidura necesaria para contar con la documentación diplomática.
LR
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